Ahora que Roberto Morales Flores se muere de ganas por comparecer ante el Congreso del estado, para explicar que nada tiene ni tuvo que ver con los malos manejos en la Secretaría de Salud, y el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior, Víctor Manuel Hernández Quintana, anuncia que llevará a cabo una investigación exhaustiva en la dependencia para deslindar responsabilidades, sería bueno que uno u otro explicaran el destino de 29 millones 509 mil pesos de la compra GESFAC 158/2007.

Pero como estoy seguro ni Roberto Morales, ni el auditor del Orfise, ni el contralor del estado, ni los diputados locales del PRI o del PAN nos dirán algo acerca de esa adquisición, cubierta con recursos del Seguro Popular dentro de la partida 2701, le contaré parte de esta historia que, por cierto, conocen con detalle algunos funcionarios de la Secretaría de Salud.

La GESFAC 158/2007 es, en resumen, una compra directa de ropa desechable, que la Secretaría de Salud pagó a una persona física con actividad empresarial llamada José Arturo Cedeño Díaz, pero que en realidad es un testaferro de Dionisio Rodríguez Rodríguez, proveedor de la dependencia y amigo cercanísimo de Roberto Morales.

La adquisición de esas prendas desechables –que médicos y enfermeras suelen utilizar en clínicas y hospitales durante las cirugías que practican o en las visitas que hacen a enfermos con alguna infección altamente contagiosa– ascendió a 29 millones 509 mil pesos 34 centavos.

Por increíble que parezca, dicha compra no sólo no se concursó, ni pasó por el Comité de Adjudicaciones de la Secretaría de Finanzas y Administración del estado, sino que se asignó en forma directa y se pagó a finales de 2007 con el visto bueno del secretario Roberto Morales, y de Carlos Martínez Valeriano y Eduardo Hernández Martínez, director y subdirector del Seguro Popular, respectivamente.

Pero lo peor no es eso.

Lo grave, lo escandaloso, de esa compra identificada como GESFAC 158/2007 es que la ropa desechable jamás fue surtida, ni en los almacenes centrales de la Secretaría, ni en ninguno de los que existen en las 10 jurisdicciones sanitarias de la dependencia.

¿O sí?

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En el transcurso de las próximas semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá que resolver si Germán López Brun regresa o no como magistrado al Tribunal Electoral del Estado de Puebla.

El asunto reviste especial importancia, no sólo porque el litigio será analizado por el máximo tribunal del país, sino porque por fin se sabrá si el procedimiento seguido por el Congreso local para el nombramiento de los tres magistrados del TEE para el periodo 2006-2012 fue correcto o si éste estuvo plagado de irregularidades.

Para López Brun, la decisión del Poder Legislativo de no ratificarlo para un segundo periodo de seis años, como ocurrió con Reynaldo Lazcano Fernández y Marco Antonio Gabriel González Alegría, fue ilegal, violatoria de sus garantías individuales, y aberrante en términos jurídicos.

En los alegatos de su segundo juicio de amparo, atraído por la Segunda Sala de la SCJN y los cuales quedaron registrados dentro del expediente 104/2008, López Brun argumenta que después de que el Congreso del estado avaló el procedimiento de ratificación a que fue sometido, por 34 votos a favor y 4 en contra, este debió ratificarlo hasta el 2012 como sucedió con los otros dos magistrados del TEE.

Sin embargo, apunta que el hecho de que los diputados de la pasada legislatura hubieran actuado de manera diferente en su caso, pese a cumplir “con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la base VI de la convocatoria relativos al proceso de ratificación”, para otorgarle la magistratura que venía desempeñando a Antonio Oropeza Barbosa, representa una aberración jurídica, pues las reglas que normaron laintegración del Tribunal Electoral de Puebla fueron manipuladas y tergiversadas en su perjuicio.

“Cómo puede ser posible que a un magistrado en funciones se le de carácter de aspirante para ocupar un cargo que ya de por si desempeñaba”.

El caso López Brun será puesto a la consideración del pleno de la SCJN a mediados o finales de este mes, lo que significa que si éste gana el juicio, el Congreso tendrá no sólo que restituirlo, sino incluso pagarle el equivalente a 19 meses de sueldo.

Abur.

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Quizás sin proponérselo, el rector de la Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez ha convertido a la institución en la pasarela política de los principales aspirantes a la gubernatura de la entidad.

La semana pasada el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Jorge Estefan Chidiac, estuvo en una cena que ofreció a sus pares para consensuar con el secretario de Hacienda, Agustín Cartens Cartens, el presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos del próximo año.

Y ayer Agüera fue anfitrión del senador Rafael Moreno Valle, en el marco de una reunión que el secretario de Trabajo, Javier Lozano Alarcón, encabezó aquí con sus delegados de todo el país para poner en marcha el Movimiento Laboral 2008, y del secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, con quien firmó un convenio de colaboración que francamente no reviste ninguna importancia, salvo por el hecho de que el delfín del gobernador se sacó de la manga tres nuevos campus de la UAP que en realidad no existen en Huehuetla, Chilchotla y Ciudad Serdán.

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A nadie le debe sorprender que en el transcurso de las próximas semanas, las relaciones —hasta ahora amistosas e institucionales— entre el gobierno del estado y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) entren en un periodo de crisis y desgaste, en el marco de la sucesión de Casa Puebla.

De hecho, el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, con el apoyo de sus comités seccionales, ha registrado cómo en los últimos días, maestros disidentes de Elba Esther Gordillo han sido cobijados en Puebla para crear un frente antielbista o alentados  para sumarse a marchas en contra del dirigente de la Sección 23, Erick Lara Martínez.

Desde la perspectiva del SNTE, estas acciones son alentadas por el llamado delfín del gobernador Mario Marín Torres, el secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, y operadas por el secretario de Educación Pública, Darío Carmona García, y el secretario general del sector popular del PRI en Puebla, Gonzalo Amador Juárez Uribe.

¿Con qué propósito?

Básicamente con dos objetivos: uno, debilitar al SNTE y a los dirigentes de su estructura conformada por comités seccionales, comités regionales, comités delegacionales y representantes de escuela y, dos, evitar que la estructura del Sindicato se vuelque a favor del senador Rafael Moreno Valle Rosas, como potencial candidato del PAN y el PANAL, a la gubernatura del estado en los comicios del 2010.

Para el secretario general de la Sección 23, las acciones que López Zavala ha emprendido para dividir y confrontar al SNTE, mediante la creación del Frente de Organizaciones Magisteriales y Ciudadanas (Fromac), son consecuencia del apoyo que en días pasados expresó la maestra Gordillo a las aspiraciones de Moreno Valle para convertirse en el sucesor de Mario Marín en Casa Puebla.

López Zavala no desconoce la capacidad de operación de algunos dirigentes del SNTE que antes trabajaron para el PRI, como el actual secretario general de la Sección 23.

En las elecciones federales de 2006, cuando López Zavala aún era secretario de Gobernación del estado le auguró a Erick Lara —entonces secretario de Conflictos de Primaria de la Sección 23— que el PANAL no obtendría en Puebla más de 10 mil votos.

El hoy dirigente de la Sección 23 tomó las palabras de López Zavala como un reto, y en los comicios presidenciales del 2006 logró que el PANAL alcanzara 108 mil sufragios, cifra que superó un año después, en las elecciones locales de presidentes municipales, con 152 mil votos.

Lo anterior explica por qué en las manifestaciones y protestas realizadas aquí en Puebla por maestros inconformes de las regiones de Teziutlán y Libres tengan como blanco de su crítica, además de la maestra Gordillo, las reformas a la Ley del ISSSTE y la Alianza para la Calidad de la Educación, al dirigente seccional de la 23 Erick Lara.

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Que el actual dirigente estatal de Convergencia, José Juan Espinosa Torres, intentará reelegirse por un segundo periodo de tres años o, en caso contrario, prolongar su gestión hasta agosto de 2009 para sacar adelante el proceso electoral federal.

Para el primer escenario, la propuesta que José Juan Espinosa llevará al Comité Ejecutivo Nacional de su partido, entiéndase a Luis Maldonado Venegas, es que la asamblea estatal de Convergencia se adelante de enero de 2009 a octubre de 2008.

Y su planteamiento para el segundo escenario es que la dirigencia nacional de Convergencia le prolongue su periodo seis meses —es decir, hasta agosto de 2009—, para que él pueda hacerse cargo del proceso interno de selección de candidatos y de la elección constitucional de julio del próximo año.

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Que la dirigencia estatal de Convergencia emplazará en los próximos días a los diputados locales a incluir como prioridad de su agenda legislativa el tema de la reforma electoral.

Tres son los cambios sustanciales que el partido naranja impulsará como parte de su propuesta de reformas y adiciones al código electoral vigente:
1. La fórmula de asignación de regidores de representación proporcional en los ayuntamientos, para que a los cabildos ingresen los candidatos que encabezan las planillas de regidores y síndico, y no los que van en la segunda, tercera o cuarta posiciones.

 2. La fórmula para calcular y distribuir el financiamiento público destinado por el Instituto Electoral del Estado a los partidos políticos, con base en la cual hoy el 70% de los recursos se reparten en función de los votos de cada partido, y el restante 30% de manera igualitaria.

3. La renovación parcial del Instituto Electoral del Estado (IEE), lo que implicaría la sustitución de cinco o seis de los actuales consejeros electorales.

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Que Roberto Morales Flores anda promoviéndose, con el apoyo de su hermano el senador Melquiades Morales Flores y de algunos funcionarios tanto del IMSS como de la Secretaría de Salud federal como delegado del Seguro Social en alguna entidad del sureste del país.

Uno de los estados donde el ex secretario de Salud de Puebla cree tener alguna posibilidad de colocarse es Veracruz, entidad en la que radica su esposa, Elvia Ruiz Cesáreo, quien además es diputada local por el distrito de Orizaba.

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Vienen más cambios en la Secretaría de Salud
Lilia Vélez Iglesias, al consejo editorial de Notimex

De las diferentes lecturas que pueden hacerse de la comida de Mario Montero Serrano con motivo de su cumpleaños número 54, una inequívoca es que el marinismo aún no define quién será su hombre fuerte para las elecciones de gobernador en el 2010.

Esta situación me lleva a concluir que el llamado “delfín” del marinismo, el actual secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, podría estar perdiendo terreno frente a otros aspirantes o que el gobernador estaría abriéndose a otras alternativas que hasta hace poco parecían descartadas.

Uno de los primeros dilemas que los marinistas tendrán que resolver en el proceso de sucesión gubernamental es quién los representará en la contienda interna del tricolor, si el secretario de Gobernación o el secretario de Desarrollo Social.

Y es que no necesariamente el precandidato que surja del actual grupo gobernante tiene asegurada la nominación del PRI, pues lo más probable es que después de las elecciones federales de julio del 2009 otros priístas —ajenos a la burbuja marinista— se incorporen a la puja por Casa Puebla.

Entre éstos no habría que excluir a Blanca Alcalá Ruiz, con todo y que haya firmado ante notario público que sería presidenta municipal de tres años; al diputado federal y presidente de la Comisión de Hacienda, Jorge Estefan Chidiac, y al ex diputado federal y líder cenecista Jesús Morales Flores.

Si Mario Marín tendrá, a diferencia de los últimos gobernadores de la entidad, desde Alfredo Toxqui  Fernández de Lara hasta Melquiades Morales Flores, la capacidad de dejar como sucesor al aspirante de su preferencia, es algo que aún está por verse.

Hasta ahora la constante es que gobernador no pone gobernador, y que Mario Marín tendrá que optar, como en su momento lo hicieron Manuel Bartlett Díaz y Melquiades Morales Flores, no por su favorito sino por el priísta que ofrezca las mayores garantías de triunfo en las elecciones del 2010.

EN CORTO

A sabiendas de que la remoción de Roberto Morales Flores de la Secretaría de Salud del estado podría interpretarse como un signo de ruptura con el melquiadismo, operadores del gobernador Mario Marín Torres se pusieron en contacto la semana pasada con el senador Melquiades Morales Flores para aclarar cualquier malentendido.

Melquiades Morales fue localizado en Singapur, y vía telefónica se le hizo saber que el gobernador Marín había tomado la decisión de aceptar la renuncia que en días pasados le presentó Roberto Morales como secretario de Salud.

La noticia, a decir de los enterados, no fue del agrado del ex gobernador.

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¿Quiénes más se irán con Roberto Morales Flores de la Secretaría de Salud?

Entre los probables funcionarios de la Secretaría de Salud que en el transcurso de los próximos días también dejarán la dependencia, una vez que se confirme la renuncia de su jefe, y la designación de un nuevo secretario o secretaria, anote usted los nombres de Javier Chávez Román, Javier Stefanoni Dossetti, Jorge Goerge Sánchez y Fortino Morales Pacheco.

Chávez Román fungía como secretario particular de Roberto Morales, Javier Stefanoni como su asesor, Jorge George como director de Atención a la Salud, y Fortino Morales como su operador de medios de comunicación.

Éste último, por cierto, nunca salió de la nómina de la Secretaría de Salud, tras su remoción como titular de la Unidad de Promoción y Difusión Social de la Secretaría, pues se le reubicó en el Centro de Atención de Enfermedades Infecciosas como auxiliar administrativo, con la venia de Roberto Morales y del director de Administración y Finanzas de la Secretaría, Luis Miguel Patricio Viñuela y Reyes.

A la lista habría que añadir los nombres de otros cinco o seis delegados de jurisdicciones sanitarias, plenamente identificados con Roberto Morales, y en abierta pugna con el coordinador de Servicios de Salud, Ricardo Villa Issa, y el director de Operación e Infraestrutura, Leopoldo Eusa Dubbie.

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Entre algunos de los organizadores de la marcha  “Iluminemos México” causó malestar el intento de algunas organizaciones y personajes que en Puebla quisieron darle un sesgo religioso o tomar el control de la manifestación ciudadana realizada el sábado para exigir de las autoridades mayor seguridad y eficacia contra el combate a la delincuencia.

Este intento, fallido al final, fue protagonizado por Francisco Javier del Castillo Guerrero, a través de dos agrupaciones, Sociedad en Movimiento y Red de Participación Social (Repaso), de escasa presencia en la entidad.

Javier del Castillo y algunos de sus seguidores llegaron al reloj del Gallito antes de las 18 horas y se pusieron al frente de la manifestación, llevando su propio sonido, pese a que los organizadores de la marcha —entre otros, Verónica Mastretta Guzmán, Javier Maldonado Moctezuma, Amy Camacho y Gabriel Hinojosa Rivero— habrían acordado que sólo habría un sonido, que se trataría de una protesta silenciosa y pacífica, y sin consignas políticas, partidistas o religiosas.

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Por acuerdo de la Junta de Gobierno de la agencia de Notimex, la poblana Lilia María Vélez Iglesias fue designada como integrante de su consejo editorial consultivo, junto con otros 12 destacados intelectuales, académicos y periodistas del país como Ana Cecilia Terrazas Valdés, Dorangélica De la Rocha Almazán, Rubén Esaud Ocampo Castañares, Raúl Rodríguez Cortés, Héctor Moreno Valencia, Omar Raúl Martínez Sánchez, Leonardo Antonio Curzio Gutiérrez, José de Jesús Castellanos López, Ingrid Catalina Negrete Rosales, Patricia Montelongo y de la Parra, Carlos Enrique Orozco Martínez y Luis Enrique Mercado Sánchez.

Lilia Vélez se desempeña actualmente como coordinadora de la carrera de Periodismo de la UPAEP, coordinadora estatal de la organizacion México Abierto y defensora de los derechos del lector del periódico Síntesis.

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En lugar de resolver los conflictos que enfrenta en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de Puebla, de la cual es director desde junio del año pasado Pedro Valdez Martínez, anda muy preocupado por la situación de los egresados de la maestría en educación de la Universidad de Puebla (UniPue), propiedad de la familia Reyes Cardoso.

Su preocupación radica en que cientos de egresados del referido posgrado de la UniPue no pueden obtener su grado de maestría, mientras no paguen a la institución entre 10 mil y 15 mil pesos por derecho a examen y gastos de papeleo, y que estos profesores quieren que la Secretaría de Educación Pública los apoye.

Y la manera que la SEP —a través de su director de Formación, Superación y Capacitación de Maestros, Reynando Gil Vélez— ha encontrado de resolver el conflicto es que los maestros e investigadores de la UPN sean quienes se encarguen de asesorarlos en sus tesis y de evaluarlos en su examen de grado.

A los ojos de los académicos de la UPN esta situación resulta contradictoria, pues no pueden entender como Valdez Martínez se preocupa más por los problemas de los egresados de la escuela de Reyes Cardoso que por resolver los conflictos al seno de la institución que dirige, a saber:

-La reducción del presupuesto asignado a la institución y la discrecionalidad con que se manejan los recursos propios por concepto de colegiaturas y cuotas de admisión y reinscripción;

-El aumento en las cuotas que se cobran a los estudiantes de la Licenciatura en Educación para el Medio Indígena, y por examen de admisión, inscripción semestral en licenciatura y maestría, cursos propedéuticos y diplomados que se cobran al resto de los alumnos de la UPN;

-La falta de espacios educativos como aulas, cubículos, y sanitarios, y

-El malestar de profesores de la maestría en Formación Docente para el Ámbito Regional por la decisión de relevar a Jorge Vázquez al frente de ese posgrado, por haberlo abierto en septiembre de 2007 sin contar con autorización de la SEP.

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Un buen caso para demostrar qué tan congruentes con sus principios serán los integrantes del naciente “Movimiento Laboral del 2008”, conformado por autoridades federales y estatales, dirigentes empresariales y líderes sindicales, en eso de fomentar la cultura laboral apegada a valores como la equidad, la justicia y la productividad, es el juicio ganado por seis ex empleadas de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) de Puebla.

El caso es emblemático, pues se trata de una demanda promovida por empleadas de un organismo empresarial que las despidió, juicio que se llevó a cabo en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y cuyo fallo fue condenatorio para la Canirac, que no sólo se niega a pagar las indemnizaciones a que fue condenada, sino que amenaza a quienes osaron demandarla.

A principios de 2007, las seis empleadas fueron contratadas por la entonces presidenta de la Canirac, Guadalupe Lozano García, para hacerse cargo de la dirección, gerencia de afiliación, administración, cobranza y limpieza de las oficinas de la Cámara.

Como resultado de su trabajo, la Cámara pagó las deudas y pasivos laborales que por 150 mil pesos dejó el anterior Consejo Directivo, incrementó el padrón de socios de 69 a 179 afiliados y recuperó dinamismo con la organización de muestras y festivales gastronómicos en Puebla y otras ciudades del estado y el país.

Su esfuerzo no fue valorado por la nueva directiva de la Canirac, que el 15 de febrero tomó el control del organismo. Su presidente Fernando García Cernicchiaro no les pagó dos quincenas, y el 18 de marzo, con el apoyo del abogado Hugo Tabe, las amenazó y las despidió.

Las empleadas, como ya se lo comenté, presentaron una demanda ante la Junta Especial número 3, que se registró en el expediente 333/08, y que la autoridad laboral resolvió a favor de Norma Alicia Carballido Pesquera, Margarita Chávez Navarro, Elsa María Ramona Valle López, Martha Patricia Vega Bautista, Gabriela García Ponce y Alejandra Flores Arriaga, condenando a la Canirac al pago de indemnización constitucional, prima de antigüedad, aguinaldo, vacaciones, comisiones, salarios retenidos, prima vacacional y horas extras.

El problema es que ahora no pueden ejecutar la sentencia a su favor ni embargar a la Canirac, pues ésta no tiene bienes que respalden el monto de la condena, y los directivos de la Cámara, lejos de acatar el fallo de la autoridad laboral, se burlan de sus ex empleadas con el ya sabido: “debo, no niego; pago, no tengo”.

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Si la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, y su secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Guillermo Alberto Hidalgo Vigueras, de veras quieren combatir la corrupción de los agentes viales, lo primero que deberían hacer es revisar quiénes cobran en su nómina y cuáles son sus antecedentes.

Lo anterior viene a colación por el retorno a la corporación de funcionarios que en la gestión dogerista fueron suspendidos y sujetos a investigación por parte de la Contraloría municipal, algo que por lo visto también ignora el actual contralor del ayuntamiento, Mauro Uscanga Villalobos.

Un caso concreto es Fernando Estrella Izaguirre, nombrado por Hidalgo Vigueras como subdirector Técnico de Tránsito municipal, a instancias de Héctor Guerra Montiel, hombre fuerte de la Dirección de Vialidad del estado.

El comandante Estrella fue suspendido por haber ordenado mediante oficio D.T.M.P./Sector Uno/002/2007, el cese de Cecilia Paola Arroyo Quiroz como jefa de grupo de la Dirección de Tránsito de la capital del estado por el delito de trabajar embarazada y dar mala imagen a la corporación.

El nuevo subdirector Técnico no sólo es uno de los principales operadores del jefe de la Hermandad, sino el instrumento para que otros miembros de esta corrupta organización de agentes se apoderen de los principales cargos de la Dirección de Tránsito del municipio de Puebla.

Gracias a él, la Hermandad controla hoy las comandancias de los sectores 3 y 4 de Puebla, a través de Mario Cruz Bandala y Benito Pérez Tlalpapal; así como la jefatura del Tercer Turno por medio de José Leonel Berrier, y la comandancia de peritos y el corralón, este último a cargo de Benjamín Torres García, jefe del Departamento —pomposamente denominado— de Encierro de Vehículos.

Benjamín Torres fue quien el pasado mes de marzo organizó una fiesta dentro de las instalaciones del corralón con carnitas, alcohol y bailarinas exóticas, para celebrar su nombramiento. Su padrino político, el ex director de Tránsito del estado, el general Ponce de León, está emparentado por cierto con Alberto Hidalgo Vigueras.

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Más de la Hermandad

Pero la influencia del jefe de la Hermandad, Héctor Guerra, se extiende como ya se lo comenté líneas arriba a la Dirección de Seguridad Vial del estado, en donde ahora labora como secretario particular del titular del área, Carlos Arroyo Salamanca, gracias a la recomendación del poderoso subsecretario de Egresos del estado, David Villa Issa. Desde su arribo a la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del estado, lo que sucedió cuando Jesús Morales Rodríguez dejó la Dirección de Seguridad Vial del estado, Guerra poco a poco se ha ido haciendo del control de esta dependencia, removiendo a delegados y a comandantes de áreas estratégicas, para poner en su lugar a destacados miembros de la Hermandad como José Luis Segreste, jefe de Circulación del estado; Marco Antonio Bedolla Linares, encargado de pasar la charola y José Juan Márquez, a quien le entregó la delegación de Hueytamalco.

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Ayer recibí, a manera de artículo, un correo electrónico de un ex funcionario con oficio y experiencia en seguridad pública.

Sus comentarios aluden a los últimos acontecimientos y a la forma en que las autoridades estatales y municipales están encarando la delincuencia y, ahora lo sabemos también, al crimen organizado.

Dejo pues correr este artículo, reservándome el nombre del funcionario en cuestión:

LA SEGURIDAD PUBLICA NO SOLO ES UNA CONDICION QUE PERMITE GARANTIZAR LA ESTABILIDAD SOCIAL Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE UN TERRITORIO, HOY EN DIA ES, SIN LUGAR A DUDAS, EL MAYOR RECLAMO DE LA SOCIEDAD Y UN ELEMENTO VITAL PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS PERSONAS QUE HABITAMOS ESTA CIUDAD, LA CUARTA EN IMPORTANCIA DEL PAIS, Y LAS DEL RESTO DEL ESTADO.

LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEBEN TENER OBJETIVOS BIEN DEFINIDOS PARA ELEVAR NO SOLO LOS NIVELES DE SEGURIDAD SINO TAMBIEN LOS DE CONFIANZA DE LA CIUDADANIA, PERO ESTOS SOLO SE LOGRARAN SI SE SUPERAN ENTRE ELLOS LAS DIFERENCIAS EXISTENTES QUE EN SI SOLO BUSCAN UN EFECTO MEDIATICO Y DE HACERSE PASAR COMO PROFUNDOS CONOCEDORES DE LA MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CUAL SOLO PUEDEN SUSTENTAR EN DIPLOMAS Y CUADROS COLGADOS EN LAS PAREDES DE SUS OFICINAS PERMITIENDO ASI QUE NO EXISTA UNA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL CAPAZ DE DAR RESPUESTA EFECTIVA A LA DELINCUENCIA E INVOLUCRAR CON CONFIANZA A LA CIUDADANIA PARA LOGRAR UN AMBIENTE DE SEGURIDAD, ARMONIA, PAZ Y TRANQUILIDAD SOCIAL.

ACTUALMENTE LAS POLITICAS DE SEGURIDAD PUBLICA TANTO ESTATALES COMO MUNICIPALES HAN SIDO NULAS EN CUANTO AL ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS Y POLITICAS PREVENTIVAS QUE GARANTICEN EL BIENESTAR SOCIAL Y SE HAN PERDIDO EN SOLO DAR CURSOS QUE NO LLEVAN UN FIN PREESTABLECIDO EN CUANTO A LAS LINEAS DE ACCION A REALIZARSE PARA DAR UNA RESPUESTA EFECTIVA A LA DEMANDA CIUDADANA DE SEGURIDAD EN SUS PERSONAS, FAMILIAS, BIENES Y NEGOCIOS.

EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA NUEVAMENTE VUELVEN A APARECER LAS VIEJAS COSTUMBRES QUE HABIAN SIDO ERRADICADAS EN LAS TECNICAS DE SALIR CON LAS PATRULLAS A LOS RECORRIDOS AL AZAR Y ESPERAR QUE SE PUEDAN ENCONTRAR CON UN HECHO DELICTIVO PARA DESPUES MAGNIFICARLO MEDIATICAMENTE, NUEVAMENTE SE PRETENDE COMBATIR A LA DELINCUENCIA CON LA FUERZA ANTES QUE HACERLO CON UN ESQUEMA BASADO EN LA INTELIGENCIA PARA LLEVAR A CABO UNA PREVENCION DEL DELITO MAS ADECUADA,. EN EL MUNICIPIO SE ESTA DESAPROVECHANDO LA TECNOLOGIA EN LA LABOR PREVENTIVA POR DAR PASO A CURSOS, QUE EN EL MEJOR DE LOS CASOS SIRVEN PARA QUE LOS POLICIAS QUE ASISTEN, DADA SU POCA PREPARACION, PUEDAN DESCANSAR GOZANDO DE SUELDO.

EN LO QUE SE REFIERE AL GOBIERNO ESTATAL VEMOS CON SORPRESA QUE EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA SE TOMA ATRIBUCIONES MAS ALLA DE LAS QUE SEÑALA LA LEY QUE FIJA LAS BASES DE LA COORDINACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NIVEL NACIONAL, Y QUE GRACIAS A LAS RELACIONES POLITICAS DE SU TITULAR DE UN ORGANO PURAMENTE NORMATIVO, DE SUPERVISION, CAPACITACION Y DE CONTROL DE LOS APOYOS ECONOMICOS DE LA FEDERACION AL ESTADO, SE QUIERE CONVERTIR EN UNO QUE REALICE LABORES OPERATIVAS O DE INTELIGENCIA SIN FACULTADES PARA ELLO CON LA LOGICA MOLESTIA DE QUIEN DEACUERDO A LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEBEN REALIZAR, CUANDO MENOS EN EL SUPUESTO, ESA LABOR.

LOS POBLANOS ESTAMOS VIVIENDO UNA DE LAS PEORES CRISIS EN LA MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, COMO RESULTADO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS CON UNA DEFICIENTE O NULA CAPACIDAD DE MANDO Y DE PREPARACION, CUYO ACCESO A LOS PUESTOS DE MANDO NO ES EN BASE A CONOCIMIENTO SINO A RECOMENDACIONES, CON UNA POLITICA DE QUE EN EL ESTADO Y EN EL MUNICIPIO NO PASA NADA, CON INGERENCIAS EN LOS MUNICIPIOS DE PRESERVAR EL MANEJO DE LA SEGURIDAD A TRAVES DE RECOMENDADOS, DE CARECER DE ATLAS DELICTIVOS, DE UN ANALISIS DE LA PERCEPCION CIUDADANA DE LA INSEGURIDAD, DE MAPEOS DELICTIVOS CON PERFILES SOCIODEMOGRAFICOS QUE PUEDA RESCATAR A LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS NIVELES INFIMOS EN LOS QUE HOY SE ENCUENTRA PORQUE DE SEGUIR APLICANDO MEDIDAS SIN DIAGNOSTICOS CONFIABLES QUE SIRVAN DE BASE PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS ACORDES CON LA REALIDAD SEGUIREMOS VIVIENDO EN UN CLIMA DE INSEGURIDAD Y DE FALTA DE CONFIANZA EN LA POLICIA.

SE DEBE ACABAR EN EL MUNICIPIO CON LA FIEBRE DE CURSOS, AUNQUE SEAN GRATUITOS PARA LOS POLICIAS, PORQUE ESTO SOLO ES UN PALIATIVO CON MUY POCA IMAGINACION PARA CONSEGUIR QUE EL RESULTADO SEA TRANSFORMAR ALA CORPORACION POLICIACA EN UNA INSTITUCION SOLIDA, CAPACITADA, PROFESIONAL, HONESTA, EFICAZ Y CONFIABLE, EN SUMA ES UNA RESPUESTA INEPTA PARA RESOLVER O ATENUAR EL PROBLEMA Y EL RESULTADO DE DESVIAR RECURSOS PARA ESE FIN PUEDE SER CONTRAPRODUCENTE, YA QUE NO SOLO CON PROFECIONALIZACION DE LA POLICIA SE OBTIENE SEGURIDAD PUBLICA.

LAS DECISIONES POLITICAS EN LA MATERIA, HAN RELEGADO A QUIENES CONOCEN DEL TEMA A VOLVERSE SOLO ESPECTADORES DE LO QUE SUCEDE EN EL MUNICIPIO Y EN EL ESTADO, DE POCO O NADA SIRVEN LAS REUNIONES DIARIAS QUE LOS MANDOS DE SEGURIDAD PUBLICA REALIZAN A TEMPRANA HORA, YA QUE EN ELLAS NO SE COORDINAN ACCIONES SINO SON MERAMENTE INFORMATIVAS.

QUIENES CONOCEN DEL TEMA ESTAN OBLIGADOS NO SOLO A CRITICAR SINO A PROPONER ALTERNATIVAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD PUBLICA, PERO ESTO SOLO SE LOGRARA SI EXISTE APERTURA EN EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA RECONOCER QUE ES NECESARIA LA INCORPORACION DE HOMBRES Y MUJERES CONOCEDORES DEL TEMA A LA TAREA DE ENCONTRAR UN MODELO DE SEGURIDAD PUBLICA ACORDE ALA REALIDAD DEL MUNICIPIO Y DEL ESTADO, QUE OFREZCA COMO RESULTADOS NO NUMEROS EN CUANTO A LA INCIDENCIA DELINCUENCIAL SINO SATISFACCION DE LOS CIUDADANOS POR VIVIR EN UN MUNICIPIO Y EN UN ESTADO SEGURO.

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El presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Alonso Lujambio Irazábal, marcó a las autoridades estatales y diputados locales el derrotero que deben seguir para salir del embrollo en que se encuentran metidos con el descrédito del presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, y las impugnadas reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Aquí el recetario que Lujambio perfiló durante su conferencia “Información pública, instrumento de control ciudadano” ante los directivos y socios del Club de Empresarios de Puebla:

Revisar y corregir algunos aspectos de la actual Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que van en sentido contrario a las reformas que aprobó el Congreso de la Unión al artículo 7° constitucional.

Convertir a la CAIP en órgano garante de la transparencia a nivel estatal con competencia sobre el Poder Ejecutivo y los 217 ayuntamientos de la entidad, para evitar que en Puebla existan más de 220 comisiones de transparencia que funcionen con criterios diferentes y hasta antagónicos.

Impulsar la creación de órganos garantes en los poderes Legislativo y Judicial y en los organismos constitucionalmente autónomos.

Sustituir el módulo electrónico con que actualmente cuenta el portal de transparencia del gobierno del estado para recibir y responder las solicitudes de información pública, por el sistema Infomex creado por el IFAI, y que opera en ocho estados y que está en vías de aplicarse en 21 entidades federativas más. Sobre este punto, Lujambio expresó que el gobernador Mario Marín ya expresó este día su interés por adoptar el Infomex.

Restituir la confianza y credibilidad de la CAIP como garante de la transparencia y árbitro entre ciudadanos y autoridades en caso de controversias. Y aunque el presidente del IFAI fue muy cuidadoso en no emitir comentarios sobre Juárez Acevedo, con su exposición dejó más que claro que lo mejor que le puede ocurrir a la CAIP es que éste se vaya y sea sustituido por un personaje que goce de amplio prestigio social.

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Pero en el marco de la Primera Semana de Transparencia Municipal, organizada por el ayuntamiento de Puebla en colaboración con la UAP, la UPAEP, la Ibero, el Tecnológico de Monterrey y el IFAI, también trascendieron malas noticias.

La primera es que el proceso que el Congreso del estado le sigue el ilegítimo e ilegal Antonio Juárez Acevedo como presidente de la CAIP no será fast track, sino largo, tortuoso y burocrático.

Los diputados de la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales, que encabeza el priísta Pablo Fernández del Campo, no quieren dar pie a que el mañoso Juárez Acevedo se ampare contra el proceso de remoción y prolongue su permanencia al frente de la CAIP por secula seculorum.

Y quienes marcan la línea y los tiempos de la agenda legislativa quieren empatar la salida de Juárez Acevedo con la de la comisionada incómoda de la CAIP, Josefina Buxadé Castelán, que en diciembre concluye el periodo de cuatro años para el cual fue nombrada por el Congreso del estado.

Otra mala noticia es que la acción de inconstitucionalidad que promovió la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, Marcia Maritza Bullen Navarro, en contra de las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información podría resolverse hasta dentro de cuatro o seis meses.

Y la última: la mayoría priísta que controla el Congreso del estado muestra poca, pero muy poca disposición de impulsar como sustitutos de Juárez Acevedo y Josefina Buxadé a personajes independientes, de prestigio social y académico y con autoridad moral, pues su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas no es más que de dientes para fuera.

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Bullen Navarro promueve acción de anticonstitucionalidad
Compras irregulares en el Organismo Operador de Limpia

Cuando me lo dijeron no lo creí.

Pero así es.

La impugnada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, Marcia Maritza Bullen Navarro, promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas y adiciones aprobadas por el Congreso del estado –en su sesión del 17 de julio– a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El pasado 7 de agosto la comisionada de la CAIP, Josefina Buxadé Castelán –junto con un grupo de colegas de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), algunos diputados locales y dirigentes de organizaciones civiles– solicitó la intervención de la CDH para que las modificaciones que se hicieron a la Ley de Transparencia de Puebla fueran declaradas insconstitucionales.

Lo mismo hizo el día anterior, pero con la Procuraduría General de la República.

El caso es que la semana pasada la presidenta de la CDH de Puebla promovió ante el máximo tribunal del país un recurso de inconstitucionalidad para echar abajo los cambios que los priístas decidieron hacer a la Ley de Transparencia, lo que tiene sorprendidos a sus críticos que no esperaban que Bullen Navarro asumiera esa posición.

¿Por qué lo hizo?

En el fondo no se sabe, como tampoco se sabe si Bullen Navarro está convencida de la inconstitucionalidad de las reformas o si con esta iniciativa lo que pretende en realidad es ganar legitimidad, ahora que su nombramiento como presidenta de la CDH ha sido puesto en entredicho por su origen panameño.

Pero cualquiera que sea el caso, pronto lo sabremos, pues lo más seguro es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga que pronunciarse en uno u otro sentido antes de que termine el año.

EN CORTO

No estaría mal que en el marco de la Primera Semana de Transparencia Municipal que impulsa el ayuntamiento de Puebla, con la colaboración del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), la UAP, la UPAEP, la Ibero y el Tecnológico de Monterrey, el coordinador general del Organismo Operador del Servicio de Limpia, Héctor Sulaimán Safi, explique algunas compras y asignaciones al margen de la Ley de Adquisiciones.

Por ejemplo, la compra sin licitación de por medio de cuatro barredoras Karcher por 1 millón 800 mil pesos; la adjudicación directa de los seguros del parque vehicular del Organismo Operador del Servicio de Limpia por un monto de 800 mil pesos, y la adquisición –también sin licitación– de 4 millones de pesos de 4 mil papeleras urbanas a la empresa Plastic Omnium Sistemas Urbanos S.A.

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La Primera Semana de la Transparencia arrancará este lunes a las 11 horas en el Salón Barroco de la UAP con la participación de Alonso Lujambio Irazábal, comisionado presidente del IFAI y Benjamín Guillermo Hill Mayoral, secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal.

En la ceremonia de inauguración también harán uso de la palabra el rector de la UAP, Enrique Agüera Ibáñez y la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz.

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El pasado 12 de agosto la Junta de Gobierno de la UPAEP aprobó el arribo de nuevos personajes a la institución. Se trata de Víctor Manuel Ramírez Valenzuela, ex secretario de Educación Pública de Guanajuato durante el gobierno de Juan Carlos Romero Hicks y de Heliodoro Fraile García, ex director de Productividad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el gobierno foxista.

Ambos personajes serán claves en el futuro de la UPAEP, pues serán los encargados de reencauzar a esta institución a sus orígenes católicos y yunquistas, lo que seguramente los meterá en algunas confrontaciones con el grupo que hoy controla la rectoría y los principales cargos directivos de la Universidad: entiéndase Alfredo Miranda López, Javier Cabanas Gancedo, Miguel Ángel Garijo Ureta, Mónica Liliana Cortiglia Bosch, Agustín Landa García Téllez, Gonzalo Gómez Collado y Pablo Nuño de la Parra, conocidos como “Los Divinos”.

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El ex secretario de Administración Urbana en la administración municipal de Luis Paredes Moctezuma, Agustín Flores Cuadra, acaba de ganar un juicio de casi cuatro años, por la inhabilitación y sanciones que le impusieron por el famoso árbol de navidad que se construyó en lo que fue la Torre del Milenio.

Trascendió que Flores Cuadra llevó su caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que fue ahí donde le dieron la razón, por lo que ahora las autoridades que lo sancionaron tendrán que limpiarle su expediente como servidor público y restituirle la suma con la que fue sancionado.

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La corriente perredista denominada Nueva Izquierda cobrará un nuevo impulso en Puebla con el arribo al Congreso de la Unión de Jesús Morales Manzo, quien ocupará la curul que dejó vacante un diputado federal por Guerrero.

Morales Manzo ocupará, además, el lugar que tenía su compañero de partido en la Comisión de Hacienda que, por cierto, preside otro poblano: Jorge Estefan Chidiac.

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Y hasta la próxima.

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