Cinco notarios están bajo investigación por abusos o ilícitos

El encarcelamiento del fedatario Juan Carlos Salazar Cajica, por certificar actos nulos, podría ser la punta del iceberg de una limpia de malos notarios públicos en Puebla, pues trascendió que otros cinco miembros de este gremio están enfrentando procesos o investigaciones por presuntamente haber cometido ilícitos similares o abusar de su autoridad. Algunos de ellos hasta hace unos meses se sentían que eran parte de una “casta divina” y por tanto que eran intocables.

Se sabe que quienes estarían enfrentando procesos o investigaciones son la notaria 18 de la ciudad de Puebla, Martha Elena Aguilar González, quien además es consejera nacional del Infonavit.

La fedataria es revisada en su actuar, entre otros casos, porque avaló el cambio de testamento del desaparecido ex presidente de la empresa Volkswagen de México, Martin Josephi Wellman, mediante un acta que solamente cuenta con una huella digital del empresario alemán.

Mediante ese cambio se hizo la transferencia de un importante paquete de acciones de una empresa automotriz –equivalente a unos 100 millones de dólares– y esa situación está siendo combatida jurídicamente, por una parte de la familia de Josephi, ya que un notario público no puede hacer una modificación de esta naturaleza sin contar por lo menos con la presencia de un par de testigos y dar muestra que fue la voluntad real del testador.

Otro notario que en breve podrían ser noticia por enfrentar conflictos jurídicos es Geudiel Jiménez Covarrubias, quien fue presidente del Tribunal Superior de Justicia en el sexenio de Mariano Piña Olaya y actualmente es uno de los dos fedatarios que hay en Huejotzingo.

Los otros son: René Lazcano Sánchez, José Manuel González Salgado y Mario Salazar Martínez, todos ellos de la ciudad de Puebla.

Al parecer hay voluntad de las autoridades estatales de aplicar “mano dura” contra los notarios y en esta ocasión no se percibe interés de darles impunidad, tal como había ocurrido en las últimas tres décadas y media.

Y esto es posible no por voluntad política del Poder Ejecutivo, sino porque en la última reforma de la Ley del Notariado se hizo un cambio fundamental, que en su momento pasó desapercibido, y que ahora posibilita que se proceda penal, civilmente o administrativamente contra los malos fedatarios.

La intención real que había el año pasado para reformar el marco jurídico que rige la actividad del notariado era facultar al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas para quitar, sin complicaciones, la patente a todos aquellos fedatarios que fueran considerados incómodos para el Poder Ejecutivo.

Al final se lograron hacer cambios trascendentes en la ley en cuestión que permite reducir la impunidad que privaba en este gremio.

Durante el mandato del gobernador Alfredo Toxqui Fernández de Lara, en los años 70, un grupo de notarios se acercó al mandatario para proponerle una ley que normara su actividad y ello dio como consecuencia que surgiera la figura del “requisito de procedibilidad”, que permitió a los fedatarios convertirse en figuras intocables.

El anterior marco regulatorio establecía que cuando un ciudadano era objeto de un abuso o de un ilícito de parte de un notario no lo podía acusar ante una autoridad encargada de procurar o administrar la justicia, pues para eso necesitaba que el Colegio de Notarios le extendiera un dictamen en el cual estableciera que era procedente se inconformidad. Sin ese dictamen, ningún juez podía someter a un proceso legal a un fedatario.

Con esa ley nadie podía meter a la cárcel a un fedatario, ya que el Colegio de Notarios podía negar el “requisito de procedibilidad” sin fundamentar su determinación.

De esa manera el Colegio de Notario se convirtió en una especie de Omerta –que es una hermandad de la mafia Siciliana–, en donde varios de sus miembros compartían la decisión de silenciar los abusos de algunos de sus compañeros de actividad.

Prácticamente el Colegio de Notarios, en lugar de ser una instancia que buscara mejorar la labor de la fe pública, se convirtió en un juez que brindaba impunidad a los abusos de los fedatarios.

Ahora con la reforma que se hizo en diciembre de 2012 se eliminó el requisito de que el Colegio de Notarios es el que debe determinar si es procedente una demanda contra un fedatario, lo cual lleva a que un particular actúe jurídicamente como se hace contra cualquier persona física o moral.

Eso cambio es el que ahora permite poner en jaque mate a varios notarios de Puebla.

Y al mismo tiempo servirá para distinguir a los buenos fedatarios, que son muchos, pero que les toca cargar con el desprestigio de quienes creen que su patente notarial es una licencia de impunidad.