CFE ofrece a campesinos 5 pesos por metro cuadrado de tierra

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ofrece a los campesinos el pago de 5 pesos por un metro cuadrado de tierra, como renta por un año, para garantizar el paso del gasoducto Morelos por los predios agrícolas de la región de los volcanes.

Así lo confirmaron labriegos de las comunidades de Papaxtla y San Lucas Atzala, ubicados en los municipios de San Jerónimo Tecuanipan y San Andrés Calpan, respectivamente, quienes dejaron en claro que no han dado libre paso a la paraestatal para la edificación del megaproyecto.

Revelaron a La Jornada de Oriente que la CFE está ofreciendo el pago de 150 pesos por la renta de un metro cuadrado de tierra por 30 años, y para agilizar el trámite informaron que puso como ultimátum este 15 de mayo, a fin de que definan si venden o rentan sus predios.

De lo contrario, los lugareños dijeron que la paraestatal amagó con la expropiación de los predios, desde el gobierno del estado, para garantizar la construcción del gasoducto Morelos.

La aclaración surge luego de que este viernes representantes del gobierno del estado y el federal aseguraron en una reunión en Puebla que 95 por ciento de los mil 115 predios por donde atravesará el gasoducto se encuentran liberados, por lo que pidieron a las autoridades estatales y federales que realicen una gira por la ruta del trazo del gasoducto, para que se informen de primera mano que las comunidades están inconformes con la obra que, aseguraron, pone en riesgo la vida de los pobladores, así como el agro.

Las personas consultadas informaron que representantes de la paraestatal han acudido en los últimos días, a las juntas auxiliares que limitan con el cerro Zapotecas de San Pedro Cholula, por donde pasará la obra, para convencer a los labriegos de rentar o vender sus tierras de cultivo a la CFE.

Temeroso de decir la cifra, pues en esta comunidad nadie ha visto “tanto dinero reunido”, el ex migrante Cirilo Lozano Pérez dio a conocer que el pago por la renta de una hectárea sería de 150 mil pesos por los 30 años que el predio quedará enajenado a la paraestatal.

El campesino aclaró que este recurso solo será pagado una vez en tres décadas, por lo que están analizando la propuesta, pues durante ese tiempo no será utilizada la tierra y corre el riesgo de quedar erosionada.

El declarante aseveró que hasta el momento nadie en Papaxtla ha rentado o vendido sus predios a la CFE a cargo de la ejecución de la obra, en conjunto con las empresas españolas e italianas Elecnor, Enagas y Bonatti.

Lozano Pérez argumentó que esta medida fue tomada en la última reunión que tuvieron los pequeños propietarios que se verán afectados por el paso de la obra, la cual fue celebrada hace dos semanas.

Por la defensa de la tierra y oponerse a la construcción del gasoducto por considerarlo un proyecto mortal para la población y el campo, en abril pasado fueron encarcelados los luchadores ambientalistas Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón, quienes no alcanzaron su libertad bajo caución porque fueron considerados “peligrosos”.

Por otra parte, que el pasado 13 de marzo el Congreso local reformó la Ley de Expropiación y facultó al Estado a tomar posesión sobre los bienes que interfieren en proyectos de infraestructura pública o en la explotación de recursos naturales, posponiendo en casos de “urgencia” o “inmediatez” el derecho de audiencia de los afectados hasta después de emitido el decreto de expropiación

CFE da ultimátum para venta o renta de tierras; amagan con expropiación

En entrevista, el campesino Cirilio Lozano Pérez refirió que este 15 de mayo vence el plazo que la CFE puso a labriegos de la región para “ver si rentamos o no nuestras tierras”, quien agregó que no está siendo obligado o intimidado para que decida entregar su predio a favor de la paraestatal.

No obstante, admitió que ante el paso avasallador del “desarrollo” no les queda más que entregar la tierra y aceptar la oferta de la paraestatal.

“No hay presiones a la gente, ¿pero qué otra nos queda? Lo que hemos dicho es que si en los pueblos de San Andrés Calpan liberan el paso del gasoducto, a nosotros no nos quedará de otra más que dar la tierra”, respondió el campesino.

Relató que el personal que llega de la CFE a los pueblos de la región del volcán asegura que en otras juntas auxiliares y localidades de Puebla ya liberaron el derecho de vía para el gasoducto, como es el caso de las comunidades del municipio de Atlixco.

Incluso agregó que la gente de la paraestatal aseveró que tampoco está en riesgo la vida de los pobladores que habitarán en la colindancia con el Gasoducto.

Desde el año 2011, se encuentra parada la obra del Gasoducto, como parte fundamental del Proyecto Integral Morelos, debido a una serie de protestas de campesinos de los tres estados, quienes argumentan –con estudios del área de Geofísica de la UNAM– que la obra representa un riesgo para la población, ya que una parte de la estructura atravesará en la zona de alto riesgo del volcán Popocatépetl.

La tubería de gas natural no sólo cruzará parte del estado de Puebla, sino también de Tlaxcala y Morelos, sin embargo, es en esta entidad donde el trayecto es más largo, de 90 kilómetros lineales.

Por lo tanto, el gasoducto Morelos atravesará 11 municipios poblanos, en el que habitan 407 mil personas, como son: Huejotzingo, San Pedro Cholula, San Jerónimo Tecuanipan, San Gregorio Atzompa, Nealtican, Ocoyucan, Atlixco, Huaquechula, Atzitzihuacan, Acteopan, y Cohuecan, siendo en esta entidad su trayecto más largo.

El agro poblano en el olvido; es estrategia, afirman campesinos

El proyecto que procura el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas pasará por una zona estratégica ubicada sobre la base del volcán Popocatépetl, por lo que minaría la producción agrícola de Puebla.

En esa región se cultivan las hortalizas y legumbres que consumen los habitantes de la capital, como ha documentado la diputada federal Roxana Luna.

Tan solo la infraestructura del gasoducto afectaría a 70 comunidades rurales, donde además se siembra maíz y frijol.

Onofre Cuachi, habitante de San Lucas Atzala, dijo que mientras el campo se mantiene en el olvido, por parte del gobierno morenovallista, esta misma administración opta por impulsar proyectos que acabarían en definitiva con el agro de la región.

Por esta razón, Cuachi consideró que la construcción del gasoducto pone en riesgo la siembra de alimentos de los próximos 30 años, pues aseveró que la gente dejará de labrar los terrenos colindantes a la obra, ante el temor de un posible siniestro.

Señaló que la propuesta de la renta de sus predios a la CFE los tiene “entre la espada y la pared”, pues señaló que mientras resisten a la entrega de sus tierras, el gobierno estatal los mantiene “con el pie en el cuello”.

“Trabajar la tierra en esta zona sólo nos deja para el sustento de la familia y en algunas ocasiones para vender en tianguis de Cholula, porque el gobierno no nos ha querido apoyar, nos tiene olvidados”, comentó el declarante, quien no descartó que se trate de una estrategia.

A esto se suma –dijo– que el precio del maíz bajó en estos días a tres pesos el kilogramo, lo cual, lamentó, no reditúa ni para pagar la gasolina del traslado de la semilla a la capital del estado, donde se comercializa.

“Si viene la sequía ya nos jodimos; el fertilizante está muy caro y para trabajar una hectárea nos gastamos hasta 9 mil pesos, cuando sólo nos produce tres toneladas de maíz, que en pesos son 10 mil. Salimos a tablas”, explicó el campesino.

Por último, señaló que el gobierno estatal “hace todo el relajo del apoyo al campo y a la mera hora nos ahorca con no darnos la ayuda, por eso estamos viendo si rentamos nuestras tierras a Comisión”.

La Comisión Federal de Electricidad ha hecho público que si los campesinos acceden a otorgarles el derecho de vía para el paso del gasoducto, se comprometen a cambio realizar obras “sociales”, como la ampliación de redes eléctricas, construcción de casas ejidales, escuelas, centros de salud y áreas de recreación.