En Puebla, Congreso renuncia a su representación y sólo obedece al gobernador

En los últimos días han salido a la luz pública los lamentables hechos ocurridos en San Bernardino Chalchihuapan, Puebla. ¿qué sucedió? En media protesta por la centralización de las funciones del Registro Civil en la cabecera municipal que antes eran operadas por las juntas auxiliares, varios manifestantes resultaron heridos, y el cuerpo policiaco tampoco se fue limpio. Sin embargo, el hecho más alarmante fue que un niño perdió la vida quizá por los efectos de una bala de goma, cuyo uso es el de esparcir gases lacrimógenos.

Este hecho, y con sobrada razón, ha causado gran revuelo e indignación en la opinión pública. Por lo ocurrido, el gobernador del estado envió al Congreso una iniciativa para abrogar la recientemente publicada Ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado de Puebla, popularmente conocida como “ley bala” que sirvió de sustento legal para hacer uso de la fuerza en contra de manifestantes. La “ley bala” seguirá aplicándose hasta en tanto el Congreso poblano emita una nueva ley.

Si bien los hechos por sí mismos son absolutamente lamentables, también ponen al descubierto una realidad más profunda y no menos preocupante para todos: en la mayor parte de los estados del país, el Poder Legislativo de las entidades federativas actúa al unísono y conforme a lo propuesto por el Ejecutivo, votando todos los legisladores locales en una misma dirección, casi siempre sin cuestionar ni funcionar conforme al diseño constitucional: la división de poderes que persigue los balances necesarios para la convivencia plural y democrática.

En Puebla, el Congreso del estado, en el que están representadas nueve fuerzas políticas y conforme a la información disponible, ha votado por unanimidad (o sin ningún voto en contra) en alrededor del 80% de las iniciativas de ley que han pasado por el pleno en las dos últimas legislaturas. En el caso de la llamada “ley bala” la votación fue de 32 votos a favor y 5 en contra (2 de MC, 2 PT y 1 PVEM). Ello denota alguna de las siguientes alternativas: o hay un trabajo político de primer orden que logra consensos entre la gran mayoría de los legisladores de distintos partidos —lo cual no está reflejado en el Diario de Debates— o bien que los legisladores renunciaron ya a su función de ser representantes populares, a jugar el papel que constitucionalmente les corresponde: ser un balance ante los demás poderes del Estado, en particular (pero no sólo) del Ejecutivo.

Lamentablemente esta realidad no se restringe al estado de Puebla. Ocurre, de acuerdo con las investigaciones del doctor Khemvirg Puente, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y del doctor Álvaro López Lara, de la UAM-Xochimilco, en la mayoría de los estados de la República. Y los temas son variados: expropiaciones, transparencia y acceso a la información pública, distritación electoral, código penal, deuda pública. Para muestra un botón: la escandalosa deuda autorizada por el Congreso local en los estados de Coahuila, Chiapas, Veracruz, Quintana Roo y Nayarit, entre otros. Por cierto, hay una “ley bala” similar a la de Puebla en Chiapas, que entró en vigor casi simultáneamente y también con amplia mayoría.

Dicen que mal de muchos consuelo de tontos. Lo que vemos es que a nivel estatal (y a veces a nivel federal) no funciona el sistema de pesos y contrapesos establecido en la Constitución y en nuestra forma de gobierno. No funcionan los Congresos locales y por lo general es el Ejecutivo quien materialmente legisla en el Estado, sin enfrentar oposición o cuestionamiento real. Los legisladores locales ceden sin dificultad a presiones de toda índole, incluso de sus propios partidos. También falta deferencia política y jurídica por parte de los gobernadores. En fin, causas son muchas ... el resultado siempre el mismo: los ciudadanos no contamos, de manera efectiva, con una división de poderes que establezca los límites al poder y asegure que el bien público está por delante de los intereses personales o de grupo. La muerte del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, en Puebla, duele y se lamenta a lo indecible. Ojalá lo sucedido haga que nuestros legisladores locales tomen el papel que les corresponde.