Más allá de las balas de goma, en Puebla no se respetan los derechos humanos

Por Intolerancia | Lunes, Julio 28, 2014

El primero de febrero de 2011, en Puebla soplaban vientos de democracia y alternancia del poder. El morenovallismo llegaba a Casa Puebla con la promesa de superar lo que hasta esa fecha habían hecho los gobiernos emanados del PRI.

Los poblanos tenían la esperanza de mejorar en el terreno de los Derechos Humanos y profesionalización de la policía, sobre todo después de escuchar el primer discurso de Moreno Valle como gobernador.

“Estoy sometiendo a esta soberanía (Congreso del estado) —dijo un poderoso gobernador— una reforma, que elevará la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a rango Constitucional. Asimismo, en los primeros tres meses de este Gobierno, firmaremos un convenio, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para iniciar un programa, que mejore sustancialmente, la atención a las víctimas del delito.

“Para fortalecer la seguridad en Puebla, estoy enviando una iniciativa de ley, que permite concentrar el control de confianza, en un Centro Único. Este organismo, aplicará pruebas a todas las fuerzas policíacas y este mismo año, contará con la aprobación del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“También en los primeros seis meses, pondremos en funcionamiento, la Academia Estatal de Formación y Desarrollo Policial. Con esta acción, las policías del Estado, tendrán un espacio, con instalaciones adecuadas, para la formación inicial, actualización y especialización de los cuerpos de seguridad, homologando los criterios académicos, a los de la Academia Nacional de Seguridad Pública.

“Finalmente, en los primeros 100 días, crearemos el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, organismo autónomo, conformado por ciudadanos distinguidos de todos los sectores. El Consejo, dará acceso a una comunicación directa, de ciudadano a ciudadano, para reportar o denunciar delitos o actos de autoridad, al margen de la ley”.

A tres años y cinco meses de ese prometedor discurso, la realidad es completamente distinta. En Puebla no existe respeto a los derechos humanos.

Más allá de que si la muerte del menor de 13 años de San Bernardino Chalchihuapan fue por una bala de goma o no. Más allá de que quién es el responsable de esa muerte.

La realidad es que en Puebla se violan los derechos garantizados por la Constitución.

En Puebla existen violaciones a los Derechos Humanos, a la libertad de expresión, al debido proceso, a la comunicación privada, a los usos y costumbres indígenas, a la libertad de pensamiento y a la libertad de la vida.

Además, existe una policía estatal sin capacitación para ejecutar los protocolos internacionales para disuadir manifestaciones. La capacitación prometida hace tres años aún no se logra, así lo demuestra el operativo del pasado 9 de julio.

Más allá de las balas de goma, Puebla vive una violación constante de los derechos humanos y de una policía estatal que carece de protocolos para garantizar los derechos fundamentales que otorga la Constitución mexicana.