Muerte de José Luis Tehuatlie, puso en la mira a los creadores de la Ley Bala

“Al iniciar el enorme reto de transformar a Puebla, vienen a mi mente muchas imágenes, pero la más importante, y la que más me compromete, es la ilusión en la mirada de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de las mujeres, de los adultos mayores, de los indígenas, de los obreros y de todos aquellos, que confían en nosotros, para que juntos, podamos construir un mejor futuro”, dijo Moreno Valle el 1 de febrero de 2011 mientras rendía protesta como Gobernador constitucional del estado de Puebla.

Dos años y cinco meses después, la mirada de uno de esos niños se extinguió.

José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, un menor de 13 años murió tras recibir el impacto de un artefacto que dispararon elementos de la Policía Estatal contra su población. El niño sólo iba de paso cuando le cayó el artefacto, que los pobladores aseguran, fue una bala de goma.

Sin embargo, el Gobernador se niega a aceptar que fue su “Ley Bala” y sus fuerzas de seguridad las que provocaron la muerte de José Luis; al contrario, culpó a los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, quienes sólo pedían que se regresen los servicios del Registro Civil a su Junta Auxiliar. Moreno Valle dijo que eran “personas que están infringiendo la ley”. Afirmó: “llevan a menores como escudos a una acción ilegal. Me parece que es algo muy delicado, es responsabilidad de quienes actúan de esa forma”.

Dos años, cinco meses y 28 días después de tomar protesta como Gobernador, Moreno Valle no tiene contento a los poblanos. Toma decisiones que afectan a miles de habitantes del estado y que, pese de las manifestaciones en contra, Moreno Valle sigue manteniendo control de diversas instancias estatales, así como de medios de comunicación para evitar que se afecte su imagen.

Ahora sus hechos comienzan a salir a la luz a través de denuncias en redes sociales o medios alternos.

“El autoritarismo en el gobierno de Puebla no es de ahorita. Detonó ahorita porque fue muy grave lo que ocasionaron porque la gente documentó, porque los medios de comunicación alternos y las redes sociales nos ayudaron a difundir, de lo contrario hubieran pasado como hechos aislados es más no creían porque todo el mundo tenía una imagen de: ‘las mejores obras, el mejor Gobernador’, pero ha sido a costa del control a las organizaciones”, dijo la Diputada federal, Roxana Luna Porquillo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Moreno Valle Rosas fue militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde 1991; sin embargo, en marzo de 2006, cuando era Diputado Local y presidente de la Gran Comisión del Congreso de Puebla, decidió abandonar el partido porque su fuerza política estaba secuestrada por una “camarilla” que violentaba los derechos de sus militantes.

En una conferencia de prensa, el nieto del ex Gobernador Rafael Moreno Valle Rosas dijo que el PRI, en manos de Roberto Madrazo Pintado, “excluye a quienes no se pliegan a sus designios”.

“Estoy convencido de que nadie está por encima de la ley y de que las autoridades son las primeras obligadas a respetarla como lo han manifestado claramente los poblanos a través del rechazo social y de la marcha ciudadana sin precedente que, entre otros, el mismo PRI ha tratado de minimizar”, afirmó.

En respuesta, el líder estatal del tricolor, Juan Manuel Vega Rayet, dijo que la renuncia de Moreno Valle fue porque “se está enfermo de poder” y sólo lo hizo por “ambiciones políticas”.

EL ABUELO

Moreno Valle tiene exactamente el mismo nombre que su abuelo: el General Rafael Moreno Valle. El ex Gobernador poblano, quien fue médico militar y secretario de Salubridad y Asistencia durante el gobierno de Gustavo Días Ordaz, ocupó el mandato estatal para el periodo de 1969-1975, sin embargo a la mitad de su periodo, en marzo de 1973 pidió licencia permanente, por presuntos problemas de salud. Actualmente tiene 96 años.

El abuelo también tiene severas acusaciones de represor contra las manifestaciones sociales, así como intolerancia las críticas en medios de comunicación.

El periodista Manuel Sánchez Pontón, director del antiguo diario La Opinión, relató en una entrevista con la revista Momento el 29 de agosto de 1996 su experiencia durante el mandato del abuelo Moreno Valle Rosas.

El 15 de febrero de 1969 hubo una matanza de campesinos de Huehuetlán el Chico por órdenes del Gobernador y su jefe de la 25 Zona Militar, el general Eusebio González Saldaña.

El gobierno del estado dijo que el ataque se dio porque el Ejército había sido atacado a balazos por un grupo de alborotadores que se oponían a la toma de posesión del Presidente municipal. Además, precisaba en 10 el número de muertos, algunos de ellos militares.

Pero de esos hechos hay dos versiones oficiales.

El gobierno detalló que todo empezó a las 11 de la mañana del 15 de febrero de 1969 cuando el Presidente municipal electo Luis Sánchez se disponía a tomar posesión del cargo, a lo que se oponía un grupo de campesinos que integraban la organización “Federacionistas Leales del Pueblo”.

Cuando los soldados iban llegando a Huehuetlán el Chico, fueron recibidos a balazos por los “provocadores”; por lo que la agresión fue repelida por el ejército y se originó entonces una balacera cuyo saldo fue de 10 muertos, entre ellos 3 militares. Informó también de la detención de 37 campesinos y de la vigilancia de todos los jefes de familia de Huehuetlán, más de 500.

Ese mismo día hubo otra información oficial firmada por el jefe de la 25 Zona Militar, que contradecía lo dicho por el gobierno de Moreno Valle y que fue la siguiente: El pelotón del 9º Regimiento de Caballería fue balaceado. “Hay cinco soldados muertos (un sargento segundo, un cabo y 3 soldados rasos), así como siete civiles”, por lo que eran 12 muertos.

El diario La Opinión publicó que eran 18 los muertos, la mayoría de ellos campesinos.

El periodista relató que él acudió junto con el fotógrafo Pablo Rodríguez rumbo a Huehuetlán. Viajaron casi acostados en la parte trasera de un vehículo y cubiertos con unas cobijas para no ser descubiertos.

“Conté los cadáveres y fueron 18″, dijo.

El 30 de enero del año siguiente, 1970, el Gobernador ordenó una nueva masacre de alrededor de cuarenta campesinos en la población de Monte de Chila, cercana a Zacatlán. Hechos que documentó nuevamente Sánchez Pontón.

Al año siguiente, el 8 de septiembre de 1970, el periodista sufrió un atentado cuando iba llegando a su casa. Al menos 10 policías lo golpearon con macanas. Estuvo internado en el Hospital Guadalupe y acusó de la agresión al Gobernador.

EL NIETO

En este sentido, el Gobernador no muestra muchas diferencias de su abuelo.

Misraim Hernández Fernández, activista del estado de Puebla e integrante del colectivo Contingente MX Puebla, denunció que desde el inicio del gobierno de Moreno Valle “se ha restringido mucho la libertad de expresión, se ha coartado mucho. Se ha perseguido a periodistas y activistas, a todo aquel que es disidente del Gobernador o de algún funcionario público. Se les ha estado hostigando, amenazando y algunas veces se les ha golpeado”.

Dijo que parte del hostigamiento es también con medios de comunicación “cero entrevistas, cero apertura, no entrevistas a gente crítica”. Aseguró que incluso a algunos se les ha imputado delitos que no han cometido. “Se les ha perseguido”, dijo.

Además de tener sometidos a opositores, el Gobernador se ha encargado de tener controladas las instituciones del estado, e incluso a sus legisladores.

“Él también ha tomado el control de la Cámara local, le aprueban en cuestión de minutos, 20 minutos, 30 minutos, 15 minutos le han aprobado sus iniciativas sin darle una leída, sin revisarlas, únicamente porque es una propuesta del Gobernador. Se habla de que finalmente no hay oposición”.

Tal fue el caso de la “Ley Bala”, aprobada el 19 de mayo de este año con 32 votos a favor y cinco en contra.

“El legislativo debería de funcionar como contrapeso al gobierno, para revisar lo que está haciendo para pronunciarse ante las cosas que no son justas y no está haciendo su trabajo, ni el Gobernador ni mucho menos el Congreso del estado”, denunció Misraim Hernández.

Respecto a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla (CDH Puebla), cuyo titular es Adolfo López Badillo, Moreno Valle también se ha encargado de someterla.

“A la Comisión de Derechos Humanos la tiene bien controlada con López Badillo y de regalo de que no se ha pronunciado ni dado recomendaciones sobre casos de personas, presos, activistas, defensores de derechos humanos le ratificaron cinco años más”, dijo.

“Es preocupante porque Puebla se encuentra indefenso no hay quien proteja a la ciudadanía, quien pueda garantizar los derechos de la ciudadanía”.

EL ESPÍA

El periodista Ernesto Aroche Aguilar, director del sitio LadoBe reveló que en 2011, recién comenzando el mandato de Rafael Moreno Valle, el gobierno estatal intentó comprar cámaras espías insertadas en plumas, lentes para el sol, auriculares bluetooth y llaveros a través de la Secretaría de Administración, sin embargo, la compra no se concretó porque el costo rebasaba los precios de mercado.

Además, el ex secretario de Seguridad del estado, Ardelio Vargas Fosado, dijo en noviembre de 2011 que hay un dispositivo de espionaje de llamas telefónicas e inclusive de Internet, con el fin de combatir la delincuencia.

“Ya tengo capacidad para rastrear de dónde están haciendo llamadas de extorsión, llamadas anónimas y correos”, comentó.

Sobre el equipo, el reportero Iván Tirso de El Sol de Puebla señaló el 12 de septiembre que una fuente militar informó que llegó al estado un radar fabricado en Israel.

“Se trata de un artefacto que costó varios millones de dólares que hasta ahora no se tiene bien definido dónde fue instalado, se dice que se ubica en el Palacio Municipal o en el Salón de Protocolos del Gobierno del Estado”, dijo.

“Es un radar que me cuenta una fuente militar, fue traído en el Antonov AN124, el segundo avión de carga más grande del mundo, que aterrizó el pasado 7 de abril en el aeropuerto Hermanos Serdán de Huejotzingo”, aseguró.

“Es un artefacto de alta tecnología, del tamaño de una mesa de centro de su sala, que interviene todas las llamadas telefónicas, de celular y de Nextel que se hacen no solo en la ciudad de Puebla y zona metropolitana. Su radio alcanza todavía más, algunos municipios del estado de Tlaxcala y de la zona de San Martín Texmelucan, y más allá”, dijo.

La Diputada Roxana Luna también aseguró que Moreno Valle “mantiene una red de espionaje muy fuerte y lo ha presumido. Así controla a los políticos en su vida privada, en su vida sentimental. Yo cuando recién inicié como Diputada me hicieron una campaña sólo para decirme, tú sabes a qué le entras y como en mi vida ya todo es público, digo pues ya”.

Por su parte, el activista Misraim asegura que “lo que vive el Gobernador es una paranoia, pero también es una forma de querer tener el control de todas las personas, tanto de instituciones como de defensores, activistas”.

“El estarte presionando, hostigando, el hecho de saber que te están espiando, si retiene a muchos activistas por miedo a que puedan hacerles algo a ellos o a nuestras familias”, dijo.

LA “LEY BALA”

En mayo, el Gobernador envió al Congreso local un paquete de iniciativas para buscar la regulación del uso de la fuerza pública y prevenir la tortura. El Diputado del PAN, Francisco Rodríguez Álvarez, reconoció que el paquete se impulsó ante las críticas que recibió la administración estatal por la detención de líderes sociales.

En el paquete se incluían cuatro iniciativas, entre ellas una que reformaba la Ley de la Comisión de Derechos Humanos y otra era la creación de la Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso de la Fuerza Legítima por parte de los Elementos Policiales del estado de Puebla, denominada como Ley Bala pues en un principio señalaba que se podía hacer uso de armas de fuego para controlar una manifestación.

El 19 de mayo, 32 diputados de Acción Nacional, del Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Nueva Alianza (Panal), así como de los institutos políticos locales Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración aprobaron la ley.

El 1 de julio se realizó el primer operativo cobijados bajo la Ley Bala en Tehuacán.

Habitantes de la Sierra Negra cerraron la carretera federal a Tehuacán, además de bloquear los accesos al Centro Integral de Servicios (CIS) de Tehuacán, donde dejaron atrapados a 200 trabajadores.

Pedían la presencia del Secretario General de gobierno, Luis Maldonado Venegas para que explicara por qué cerraron las oficinas del Registro Civil en las juntas auxiliares, pues en diciembre del año pasado hubo modificaciones a la Ley Orgánica Municipal y obliga a que la operación de las oficinas sea únicamente en las cabeceras municipales.

Elementos de la Policía Estatal arribaron al lugar y desalojaron la manifestación con agresiones. Al menos 30 personas resultaron heridas y seis detenidos.

El comunicado de la dependencia a cargo de Facundo Rosas Rosas indicaba que “un grupo de pobladores impidió la circulación en algunas vitalidades, mantuvo retenidos a empleados, lesionó a un ciudadano que intentó salir de su centro de trabajo porque estaba tomado por los inconformes, y causó lesiones a Policías Estatales que reabrían la circulación”.

Nueve días después, se aplicaría por segunda vez la Ley Bala, dejando a su primer víctima mortal.

En la autopista Atlixco-Puebla, habitantes de San Bernardino Chalchihuapan cerraron el paso exigiendo el regreso del Registro Civil a las Juntas Auxiliares, lo mismo ocurría en 10 puntos más del estado, pero sólo a esta comunidad arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, un menor de 13 años salía de la telesecundaria Ricargo Flores Magón, para llegar a su casa tenía que atravesar la autopista, donde estaba la manifestación y los estatales comenzaban a desalojarla. Un proyectil disparado por elementos de la Policía impactó en su cabeza.

El menor junto con cuatro personas más resultaron heridas de gravedad. El menor ingresó al Hospital General Sur en la capital de Puebla, al área de Terapia Intensiva y se mantuvo 10 días hasta que el 19 de julio perdió la vida. Un día antes se le decretó muerte cerebral.

Su madre, Elia Tamayo, denunció acoso y presiones por parte del gobierno de Moreno Valle para que declarar que el impacto que recibió el menor fue de un cohetón lanzado por los propios habitantes de San Bernardino Chalchihuapan. Nunca aceptó.

Desde la muerte del menor, el gobierno se ha empeñado en negar el uso de gomas de bala. Ha reiterado una y otra vez que no cuenta con dichos artefactos.

Fue el propio Facundo Rosas quien en una conferencia de prensa ofrecida el mismo día que murió José Luis mostró un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) donde revelaba que el gobierno de Moreno Valle no con cuenta con balas de gomas.

El titular de la SSP de Puebla, un hombre cercano al ex Secretario de Seguridad Pública, Genero García Luna, aseguró que la Policía Estatal del gobierno Rafael Moreno Valle nunca ha adquirido balas de goma.

“En conclusión, se confirma que la policía del estado de Puebla no cuenta con balas de goma, y por lo tanto, en lo que va de esta administración, nunca se han utilizado balas de goma en un operativo”, leyó Facundo Rosas.

Sin embargo, una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de 2011 lo desmiente.

El martes 23 de agosto de ese año, manifestantes en la localidad de Ciénega Larga, del municipio de Chignahuapan, fueron desalojados, a las 6:30 horas por elementos de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla (SSP) con petardos, gas lacrimógeno y balas de goma, además de que quemaron algunas viviendas.

La recomendación firmada por el comisionado de Derechos Humanos estatal Adolfo López Badillo revela que:

“Un grupo aproximado de quinientas personas, se encontraban de manera pacífica en las inmediaciones del predio conocido como ‘Cieneguilla’ de la fracción quinta de la ex hacienda de Atlamahac o hacienda de Atlamaxac; predio también identificado como Río Blanco, ubicado en la población de Ciénega Larga, perteneciente al municipio de Chignahuapan, Puebla, lugar del que señalaron ser poseedores; y que a partir de las 6:30 horas de ese día, alrededor de doscientos elementos de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, llegaron en diversas camionetas y autobuses a ese lugar y con violencia comenzaron a desalojarlos del predio, sin mostrarles una orden de autoridad judicial competente, lanzando petardos, gas lacrimógeno, balas de goma, recibiendo jalones de cabellos, patadas, empujones, golpes mediante palos y macanas, aventándolos a las camionetas de la Policía Estatal, ocasionándoles diversas lesiones y privándolos de su libertad personal”.

El documento de la CDH-Puebla indica que tras las declaraciones de los afectados, “se llega a la certeza de que al haber uniformidad en las mismas, los hechos que refieren son ciertos, al constituir un testimonio, al efecto, sirve de apoyo e ilustración el criterio jurisprudencial”.

A pesar de esto, el 19 de septiembre de 2011, el entonces secretario de Seguridad Pública del estado de Puebla, Ardelio Vargas Fosado, negó categóricamente los hechos que motivaron la queja. Dijo que la Policía Estatal Preventiva estuvo ajustada al marco constitucional, habiéndose regulado el uso de la fuerza que ejerció el cuerpo de Seguridad Pública Estatal.

Finalmente, la Comisión determinó que los elementos de la Policía Estatal Preventiva, “conculcaron en agravio de los inconformes, sus derechos humanos de seguridad jurídica, legalidad, integridad y seguridad personal y trato digno”. Entre las recomendaciones que se le dictaron estaba: brindar “capacitación a los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado”.

También se pidió emitir “una circular a los elementos adscritos a esa Secretaría, en la que específicamente los instruya, para que su actuar siempre sea en estricto cumplimiento a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los tratados internacionales firmados y ratificados por el estado mexicano, así como las leyes que se derivan de la propia Constitución, respetando la integridad física y los derechos humanos de los gobernados, absteniéndose de excederse en el uso de la fuerza pública”.