Ante la CNDH, el abogado Lozano cometió errores de pasante

Por La Jornada de Oriente | Miércoles, Agosto 20, 2014

Más allá de las intenciones de ejercer presión política y un impacto mediático, la repentina presencia en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) del senador Javier Lozano Alarcón, junto con los diputados federales Maritza Ortiz Mantilla y Néstor Gordillo Castillo, para defender a los policías que intervinieron en el operativo de San Bernardino Chalchihuapan, destaca porque los tres legisladores exhibieron su ignorancia sobre la naturaleza jurídica del organismo, y por esa razón no sabían que su intervención es improcedente y fuera de lugar.

Lozano Alarcón llegó ante la CNDH para exigir que no queden impunes las lesiones que supuestamente sufrieron 46 policías estatales que participaron en el operativo del 9 de julio contra pobladores de Chalchihuapan, y se ostentó como abogado de los uniformados. Esa posición podría ser propia de un pasante de Leyes, pero no de alguien que se precia de ser uno de los principales legisladores del país.

Me explico: de acuerdo con lo que se marca en el apartado B, del artículo 102 de la Constitución, la CNDH es un organismo autónomo que está facultado para lo siguiente:

1. Recibir quejas sobre presuntas violaciones a los derechos humanos.

2. Conocer e investigar a petición de partes o de oficio presuntas violaciones a los derechos humanos en los siguientes casos: A) Por actos u omisiones de autoridades administrativas de carácter federal. B) Cuando los particulares o algún otro agente social cometan ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad, o bien cuando estos últimos se nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les correspondan en relación con dichos ilícitos, particularmente tratándose de conductas que afecten la integridad física de las personas.

Si nos atenemos a los anterior se entiende que la CNDH no es un tribunal y, por tanto, nadie necesita de un abogado para presentar una queja para dar a conocer pruebas o simplemente para que le hagan caso en dicha comisión.

Por tanto, es irrelevante que Javier Lozano se autonombre abogado de los policías que se dicen afectados por la violencia que se registró el pasado 9 de julio en la vía Atlixcáyotl, durante el desalojo de los pobladores de Chalchihuapan.

En caso de que los policías en cuestión se sientan en la necesidad de acudir al ombudsman lo deben hacer solos, ya que el organismo investiga por petición de partes –es decir por solicitud de los directamente afectados—o interviene de oficio, es decir, sin que necesariamente alguien pida su participación. Dicho de otra manera, no necesitan de la representación de quien fue secretario del Trabajo durante el sexenio de Felipe Calderón.

Una parte fundamental es que la CNDH nació y sigue siendo un organismo destinado para que la población en general, es decir, los gobernados, denuncie los abusos de los gobernantes o de cualquier autoridad pública.

En ese sentido es necesario preguntarse: ¿a quién fueron a acusar los policías que el lunes llevó Lozano a la CNDH?

¿A qué autoridad van a responsabilizar de sus lesiones?

¿Qué gobernante o funcionario actuó mal para que los granaderos pasaran de agresores, a ser agredidos, según su dicho?

La CNDH no puede emitir una recomendación contra ningún particular. En este caso, no puede proceder contra los pobladores de Chalchihuapan.

Y si los policías se presentaron a la CNDH para decir que acabaron lastimados por el operativo, entonces le están dando la razón a los pobladores de Chalchihuapan que puntualmente han denunciado violaciones a los derechos humanos.

Los protocolos internacionales que los agentes policiacos están obligados a seguir indican que en caso de un desalojo o dispersión de una manifestación en la vía pública deben, por encima de todo, preservar la integridad física de la población civil y la de los propios uniformados.

Entonces, si hay agentes lastimados quiere decir que la Policía Estatal actuó con negligencia y eso explica la muerte de un menor de edad, que recibió el impacto de una bala de goma o un proyectil de gas, que no se debe lanzar hacia la parte superior de un manifestante.

Presión del PAN

El verdadero sentido de la visita que Lozano, Gordillo y Ortiz le hicieron al presidente de la CNDH, Raúl Plascencia no fue porque pierden el sueño por los policías lesionados en el operativo de Chalchihuapan. Lo que buscaron fue darle un mensaje entrelíneas al ombudsman de que si emite una recomendación severa contra el gobernador Rafael Moreno Valle por los hechos del 9 de julio, el PAN no lo va a apoyar en su reelección al frente del organismo protector de los derechos humanos.

Hace unos meses, el ombudsman hubiera temblado ante un mensaje de esa naturaleza, pero ahora sabe que tiene que congraciarse con los legisladores de izquierda y con el PRI para que pueda repetir en el cargo, ya que ellos tienen mayoría y la están esperando que actúe con mano firme en el caso Chalchihuapan.

Además, tiene a su favor que los legisladores panistas están divididos y no todos apoyan a Moreno Valle, pues varios de éstos se encuentran agraviados por la forma abusiva con la que el gobernador de Puebla operó para derrotar al senador Ernesto Cordero en la renovación de la dirigencia nacional del PAN.