Gobierno poblano sólo da largas a ediles auxiliares

La cerrazón e intransigencia del gobierno estatal para corregir el origen de las manifestaciones en su contra siguen sin moverse un ápice.

Ayer, por segunda ocasión, las negociaciones entre la Secretaría General de Gobierno y los representantes de los presidentes auxiliares volvieron a fracasar.

Por parte del morenovallismo no existe voluntad política para revertir la centralización del Registro Civil y sólo da largas para que los ediles auxiliares desistan de su lucha.

En la primera reunión, el gobierno estatal se salió por la tangente y envió a los inconformes al Congreso del estado, donde se aprobó la centralización del Registro Civil.

Como ya es una característica de este gobierno, minimizar y menospreciar la divergencia política, ayer los ediles auxiliares fueron acusados de que no representan a la mayoría de los presidentes de las juntas auxiliares del estado, porque sólo son 17.

Obvio que para llegar a este número el morenovallismo utilizó toda la maquinaria estatal para amenazar y amedrentar políticamente al resto de los presidentes municipales. Así, por temor guardan silencio ante la problemática que representa la centralización del Registro Civil.

Ante la cerrazón del gobierno estatal, al grupo de ediles auxiliares lo están obligando a tomar las calles, a recurrir a la manifestación, con el riesgo que implica manejar protestas callejeras.

Lejos de desactivar el conflicto del Registro Civil —que ya tiene en su haber dos manifestaciones violentamente reprimidas, una, la de Chalchihuapan, con la muerte de un niño de 13 años de edad—, las autoridades les dan más elementos a los ediles auxiliares para seguir protestando.

Y aunque en un principio era sólo una demanda, ahora ya se sumaron otros grupos y el pliego petitorio aumentó, ahora ya son ocho puntos que la Secretaría General de Gobierno tendrá que resolver.

1. Cese a la represión y libertad de los presos políticos.

2. Derogación a la reforma de la Ley Orgánica Municipal donde señala que las juntas auxiliares no pueden prestar el servicio del Registro Civil.

3. Se restablezcan las facultades de las juntas auxiliares.

4. Respeto de los derechos sociales democráticos y constitucionales.

5. Que los recursos se entreguen de una forma directa a las juntas auxiliares y sus regidores tengan sueldo vía nómina.

6. Que las juntas auxiliares que se pretenden desaparecer se eleven al rango de municipios.

7. Respeto a la consulta y a la consulta en comunidades indígenas y respeto a la libre determinación de los pueblos.

8. Abrogación de las leyes “ley Bala”, “ley de expropiación” y “ley de privatización del agua”.

Así que mientras el morenovallismo no resuelva a fondo el problema que creó con la centralización del Registro Civil y siga dando largas al asunto, la protesta callejera continuará, con todos los riesgos que ello implica.

Más leña al fuego

Cuando las aguas estaban tomando su nivel, los legisladores morenovallistas volvieron a reavivar la criminalización de los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan y la teoría del cohetón.

La diputada federal Marisa Ortiz Mantilla justificó su presencia en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para abogar por los policías que participaron en el operativo de San Bernardino Chalchihupan el pasado 9 de julio

“Estos policías iban en representación de los 46 lesionados, estuvimos acompañando a estos poblanos que, independientemente que representaban a una autoridad, también son ciudadanos y seres humanos que tienen lesiones”.

¿Y por qué los legisladores panistas no hicieron lo mismo cuando fueron encarcelados cuatro ciudadanos y seres humanos?

¿Por qué guardaron silencio ante la muerte de un menor de 13 años de edad, que no era ciudadano pero sí ser humano?