Pérez Bravo, sin independencia para investigar Chalchihuapan

José Antonio Pérez Bravo, el fiscal especial que nombró el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas para supuestamente esclarecer la represión a la población de Chalchihuapan y el homicidio del menor Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, es el personaje menos confiable para encabezar una investigación de este tipo, ya que entre los años 2002 y 2006, en un par de ocasiones, jugó un papel fundamental para entorpecer las indagatorias en torno a la hipótesis de que la defensora de derechos humanos, Digna Ochoa Plácido, había sido asesinada.

Dicho servidor público fue una pieza clave para que quedara firme la versión oficial y absurda, por no decir fantasiosa y estúpida, de que la activista se suicidó al darse tres tiros con una pistola.

Otro dato más: por lo menos entre los años 2005 y 2006, José Antonio Pérez Bravo fue el agente del Ministerio Público Auxiliar en el caso Digna Ochoa, y curiosamente en esa época Víctor Carrancá fue subprocurador de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Por tanto desde ahora se descarta que el primero de ellos actúe con independencia e imparcialidad frente a quien fuera su jefe, el actual titular de la Procuraduría General de Justicia y quien inventó que el niño Tehuatlie Tamayo murió por una “onda expansiva” de una explosión provocada por los pobladores de Chalchihuapan.

Con la presencia de José Antonio Pérez Bravo ya se puede preveer desde ahora los que pasará en los siguientes días: el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas fingirá que acata la recomendación que la semana pasada emitió la CNDH sobre el caso Chalchihuapan y acabará culpando de toda la operación a un grupo de policías estatales, de esos que están mal pagados, son maltratados y sometidos por sus jefes.

Y al final quedarán impunes los responsables políticos, intelectuales y técnicos de los hechos del 9 de julio contra la población de Chalchihuapan y la manipulación que hubo de la investigación del asesinato del niño Tehuatlie Tamayo. Es decir, se dejará impune la responsabilidad que tuvieron el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, el procurador Víctor Carrancá; el secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas; y el encargado de la Secretaría de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas.

Por eso se nombró a un personaje como José Antonio Pérez Bravo, a quien no le interesa protegerse del escarnio público al sacar conclusiones absurdas de una investigación ministerial polémica.

Su negro pasado en el caso de Digna Ochoa

El 19 de octubre de 2001 apareció muerta en sus oficinas la luchadora de los derechos humanos Digna Ochoa Plácido, quien se había enfrentado a poderosos y peligrosos caciques de Guerrero.

La polémica surgió porque la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) sostuvo que había sido un suicidio, algo que hasta la fecha no es creíble, ya que la mujer murió de tres disparos y según la explicación ministerial ella se disparó de tal manera para que se fingiera un homicidio.

¿Alguien puede darse un balazo y acomodar la escena para que parezca un asalto y luego detonar dos veces más un arma en su contra? Por supuesto que no.

Margarita Guerra fue la primera fiscal especial para el caso Digna Ochoa y quien sostuvo la hipótesis del suicidio. Y quien era su secretario particular era José Antonio Pérez Bravo, de quien dicen organizaciones no gubernamentales jugó un papel clave en los trabajos de la investigación.

La inconformidad con esa nada creíble versión del suicidio provocó que el 24 de febrero de 2005 se reabriera el caso de la activista y que el 28 de junio de ese mismo año, en Mizantla, Veracruz, se exhumaran los restos de Digna Ochoa.

José Antonio Pérez Bravo volvió a aparecer, ahora como agente del Ministerio Público Auxiliar y en agosto de 2005, los familiares de Digna Ochoa lo acusaron de que dos meses después de la exhumación el funcionario impedía por todos los medios el análisis de los restos de la activista.

De nada servía, decían los familiares, que la PGJDF hubiera permitido que organizaciones no gubernamentales fueran coadyuvantes en la investigación si todo lo frenaba el agente del Ministerio Público Auxiliar, es decir el actual fiscal para el caso Chalchihuapan.

Una investigación independiente determinó que si había sido un asesinato el de Digna Ochoa, pero nunca se logró que la PGJDF admitiera ese peritaje y solamente se aceptó el que elaboró José Antonio Pérez Bravo, el del suicidio de tres balazos.

Con este antecedente yo le pregunto: ¿usted le cree a Rafael Moreno Valle y su disposición a acatar la recomendación de la CNDH? Yo tampoco le creo nada.