Cuenta regresiva del sexenio desgasta popularidad de RMV

La crisis que desató el conflicto de San Bernardino Chalchihuapan no modificó en nada el comportamiento del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, quien sigue sosteniendo su principal política pública, que es la soberbia, pues en la administración morenovallista no se aceptan errores o excesos, no se modifica nada, no se cambia a los malos funcionarios, no se acepta que alguien disienta de lo que ordena el titular del Poder Ejecutivo.

Esa obsesión por no cambiar o modificar su forma de gobierno es lo que provoca que la mayor parte de todos los proyectos importantes que emprende Moreno Valle conllevan una alta dosis de conflictos, rechazos ciudadanos, manifestaciones de desconfianza, de temor de que atrás siempre hay una serie de abusos, de acciones producto de la falta de sensatez o de la planeación.

Situación que cada vez que avanza la cuenta regresiva del sexenio provoca un mayor desgaste de la popularidad del mandatario, así como un notable aumento del grado de desconfianza hacia su gobierno.

Ejemplos de esa actitud abundan, siendo estos algunos ejemplos:

A principios de esta semana surgió un acuerdo por el cual los alcaldes auxiliares de 208 comunidades, que están en abierta confrontación con el gobernador, accedieron a que se preste el servicio de registro civil en esas localidades, pero sin la intervención de las autoridades locales.

Esa medida podría suponer un avance para solucionar el conflicto que se generó por la decisión gubernamental de retirar el registro civil a las juntas auxiliares, pero no es así, es apenas un paliativo que no entra el fondo del problema.

Si Rafael Moreno Valle accediera a derogar la reforma a la Ley Orgánica Municipal –aprobada a finales de 2013–, que quitó a los presidentes de juntas auxiliares el manejo del registro civil, la seguridad pública y las funciones de juez de paz se pondría fin al conflicto que se desató entre docenas de comunidades inconformes con esa decisión y el Poder Ejecutivo, y que derivó en los hechos trágicos del 9 de julio, en los cuales falleció el niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.

Ese conflicto no terminará porque el gobierno de Moreno Valle nunca va a derogar la reforma en cuestión, porque ello implicaría aceptar que el gobierno se equivocó, erró, abusó, con esa modificación a la normatividad que rige a las juntas auxiliares, y es que en el vocabulario del gobernador no hay cabida para esos conceptos.

Lo mismo pasa con la llamada #Ley Bala, que concedía licencias a la Policía para disparar armas de fuego contra manifestaciones en la vía pública.

A dicha legislación se le quitó la parte más oprobiosa y que fue objeto de severos cuestionamientos de juristas, defensores de los derechos humanos, periodistas, dirigentes religiosos y líderes de opinión pública, tanto de los ámbitos local como nacional e internacional. Frente a tal situación, lo que procedía era acabar de desechar esa norma.

La respuesta que ofreció Moreno Valle fue anunciar que se derogaría la #Ley Bala para que al final los diputados locales se acabaran haciendo omisos y mandaran a la congeladora esa posibilidad.

Dicho de otra manera, se fingió un cambio para que todo quedara igual, ya que nunca Moreno Valle iba a admitir que esa ley es anti–popular, es violatoria de los derechos humanos y de corte fascista.

Esa soberbia que caracteriza a la administración morenovallista ya provocó el alejamiento de líderes de opinión pública y de grupos políticos que, siendo ajenos al PAN, en 2010 apoyaron a Moreno Valle para que ganara la gubernatura. Ya se dieron cuenta de que fue un engaño el cambio que se prometió y que la actual administración es peor que todas las gestiones priistas que le antecedieron.

Ahora ese desencanto está creciendo de manera acelerada en la clase media y en las comunidades rurales, sobre todo en los pueblos y áreas suburbanas, en donde más se ha sufrido la violencia de la Policía morenovallista y el olvido social del Poder Ejecutivo.

El problema es que la soberbia ha generado un velo entre la sociedad y el gobierno de Moreno Valle, que impide al mandatario visualizar que si no hace un cambio radical en su gestión va a seguir creciendo su grado de vulnerabilidad, que lo puede hacer caer en el mediano plazo.