CNDH oculta información sobre los viajes de Raúl Plascencia

Pretendía abandonar —por un rato— el tema del relevo de la presidencia de la CNDH, pero a partir de la experiencia que viví ayer me siento obligada a dedicarle una reflexión más dentro de estas páginas. Acudí a las 12 de la tarde a las oficinas centrales acompañando al ciudadano Alejandro Chamorro quien había presentado una solicitud de información hace tres meses. Su interés era conocer el número de viajes internacionales y nacionales que habría realizado Raúl Plascencia, cuántos de estos habían sido por razones laborales y qué duración habían tenido, qué institución cubrió los gastos y cuantos días se había ausentado de sus labores.

La CNDH en su primera respuesta, emitida el 10 de agosto le informó a través del sistema Infomex que requería una prórroga para poder atender su petición. A finales de mes de septiembre se le envió un comunicado invitándolo a reunirse con personal de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, en donde le ofrecían prestar las facilidades necesarias para consultar la información que había pedido.

Acudimos a su cita con la natural expectativa ciudadana de poder revisar los documentos de gastos de estos viajes que el propio director general había ofrecido mostrar y para la los cuales insistía en que requería la visita presencial del interesado. Nos recibieron en el Módulo de Transparencia con una cuartilla que sin membrete de la Comisión ni firma del responsable emisor de la información, reportaba de manera genérica y ambigua que el ombudsman había realizado 36 viajes y se había ausentado 87 días, aseguraba que esos 87 días habían sido en cumplimiento de sus funciones como titular de dicha Comisión Nacional. De ese documento anónimo, ningún otro dato podía extraerse. Y ya no quisiera entrar en el debate de la cuasi notoria violación a nuestra garantía constitucional al derecho a la petición. El ciudadano insistió en que se le había convocado para reunirse con el área responsable de integrar esa información y de garantizar su publicidad, pero se le negó la posibilidad de visitar al director general que lo había citado oficio de por medio.

La incomodidad de los funcionarios del módulo era evidente. Los que hemos sido servidores públicos entendemos lo difícil que resulta ser intermediario para entregar un mensaje que no responde a las garantías que la institución debe otorgar. Casi sudando, Armando Aceves, nos dijo que no tenía claridad de cuál área había generado el documento que nos estaba entregando pero que se comunicaría telefónicamente con Alejandro para darle otra cita en la que se le pudiera dar más información.

Es un hecho que no están dispuestos a poner a disposición de nadie los documentos que muestren la información requerida. Unas horas después recibí un par de correos electrónicos que el 5 de mayo salen de la oficina del secretario ejecutivo, Nabor Carrillo Flores, dirigidos a la esposa de Raúl Plascencia, la señora Nidia Mendoza, para darle información sobre una escala que la pareja realizaría en Taiwan. Quiero suponer que la señora Mendoza no viajó con recursos de la CNDH y los comunicados que desde las oficinas de la comisión se realizaron tenían sólo la intención de que ella estuviera al tanto de lo planeado para su visita. Entonces ¿Por qué la CNDH no hace pública esa información en su sitio web, o en su defecto la entrega en tiempo y forma a los solicitantes?

Hasta ahora con la información superficial que han entregado, las conclusiones que podemos obtener no alcanzan más que para meras y notorias especulaciones. Lo que sí podemos concluir, es asumir con la frustración que ello con lleva, que la CNDH más cara del mundo no cuenta con procesos eficaces de integración de información, ni ofrece mecanismos garantes que develen ante los ojos de todos, el uso de recursos públicos que desde ahí se decide. En cambio, y muy por el contrario, ha mostrado habilidades claras para postergar la transparencia y construir opacos subterfugios. La autonomía constitucional de este órgano del Estado mexicano, debe prevalecer ante todo y así, hacer prevalecer el Estado de Derecho.