ONU exige a Sedena investigar más ejecuciones extrajudiciales

Por Sin Embargo | Jueves, Octubre 2, 2014

Luego de días de acusaciones y evidencias no proporcionadas por medios oficiales, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, reconoció ante los medios de comunicación mexicanos y extranjeros que los 22 presuntos delincuentes asesinados el 30 de junio pasado en Tlatlaya, Estado de México, fueron ejecutados por militares.

En una escena poco usual en México, Murillo Karam, junto con el Procurador de Justicia Militar, Jesús Gabriel López Benítez, describieron que los combates armados entre civiles y militares duraron entre ocho y 10 minutos, pero luego tres soldados del Batallón 102 ingresaron a la bodega donde se escondían los presuntos criminales y, aceptaron oficialmente, “realizaron una secuencia nueva de disparos que no tienen justificación alguna”.

Por estos hechos, tres de los ocho militares que participaron en el supuesto enfrentamiento con 22 presuntos delincuentes en San Pedro El Limón, municipio de Tlatlaya, serán procesados por jueves civiles, independientemente del que les seguirá la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Mientras que los otros cinco siguen siendo investigados para definir su situación legal.

Sin embargo, el reconocimiento de esta ejecución tumultuaria –entre ellas la de una menor de edad– por parte de miembros del Ejército se queda corta, porque no es la única en el país y ni siquiera en Tlatlaya, un municipio de unos 33 mil habitantes, que desde hace décadas es asolado por la violencia.

De acuerdo con el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, este caso es una oportunidad para el gobierno de México y para la propia Sedena de dar cuentas sobre otros casos de ejecuciones extrajudiciales.

Deben servir, afirmó, para destapar otros hechos violentos ocurridos incluso en esa localidad en el pasado: “Hay varias cosas graves que han sucedido anteriormente, sobre las cuales no tenemos memoria, ni cómo se aclararon, si es que se aclararon”, afirmó el representante de la ONU en una entrevista con la Agencia Alemana de Prensa (dpa).

El funcionario aseguró que en la localidad de San Pedro Limón, Tlatlaya, fue silenciada una masacre de 23 civiles cometida por un comando armado en un mercado en 2008. “Yo hablaba de un caso de hace seis años, que es algo que llama mucho la atención porque es también en Tlatlaya. Hay que aprovechar esto de ahora, con lo grave que es, para dejar cosas establecidas y no sólo hacer cosas ad hoc. Empezar por el presente pero tomar nota y responsabilidad de que hay cosas del pasado” sin aclarar, dijo. “Nadie, por lo menos hasta que me permití sugerir que en Tlatlaya han pasado cosas muy graves antes también, nadie parecía haberlo puesto en el debate actual y creo que sería muy interesante saber si (…) es que se aclaró qué pasó antes”, expuso.

Pero, además, Javier Hernández informó que su oficina “ha recibido graves testimonios de los hechos” ocurridos el 30 de junio, cuando los 22 presuntos delincuentes murieron a manos de militares, y planteó que no dará detalles sobre estas declaraciones para proteger a las fuentes. “La información que tenemos a disposición nos obliga a proteger a la fuente”, afirmó.

De nuevo, el gobierno mexicano fue expuesto por el abuso de poder, la falta de preparación y estrategia por parte de militares y policías en el país para enfrentar el crimen, organizado o no.

El nombre de México recorre con este caso las primeras planas de los diarios y los noticieros del mundo, pues han sido importantes medios internacionales los que denunciaron la ejecución extrajudicial cometida por militares.

Nuevamente, el gobierno federal y la Sedena tienen una oportunidad para impulsar los cambios institucionales, los enfoques de reacción inmediata, los cursos y protocolos que permitan mejorar acciones de seguridad pero, además, para reconocer que en otros casos, algunos sepultados por la impunidad, pueden revivirse para ejercer justicia plena.

Parece un sueño, una aspiración inalcanzable, pero alguien tiene que mover esos resortes y no sólo archivar más y más casos, en deterioro de la credibilidad del Estado. Este reto no debe echarse en saco roto. México está hoy en boca del mundo por los abusos de sus autoridades contra los derechos humanos.

Apenas hace unos días, el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, lo dijo claro y fuerte: en México esas son prácticas recurrentes y el gobierno está obligado a investigar y proteger a sobrevivientes y testigos.

Otra respuesta es arropar la ilegalidad y mantenerse como un país que es ejemplo en la violación permanente de la justicia.

http://www.sinembargo.mx/opinion/02-10-2014/27764