México vive la peor crisis de derechos humanos desde 1968

México vive la peor crisis de derechos humanos desde 1968; la desaparición de 43 estudiantes en Iguala y el hallazgo de las muchas fosas clandestinas que ha aparecido mientras se busca a los normalistas secuestrados, “son muestra de la degradación más profunda en la que ha caído México en ámbitos como la justicia, la violencia, la vigencia de los derechos humanos, la corrupción y la impunidad”, asegura el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.

“La crisis que viene arrastrando México desde el sexenio de Felipe Calderón a la fecha en materia de derechos humanos es la crisis más seria que ha enfrentado México desde los tiempos de Tlatelolco (la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968), especialmente con la culminación de estas desapariciones de más de 40 estudiantes. Yo no conozco un hecho similar en América Latina en los últimos 30 años, y aunque en la historia de México ha habido muchos desaparecidos, de esta magnitud y en tiempo real no conozco ningún caso”, dice Vivanco en entrevista con EL UNIVERSAL.

Tras participar en una seminario de la 70 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en la que estuvo acompañado por el recién electo Relator Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) Para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, y la ex relatora Catalina Botero, José Miguel Vivanco abordó el tema de la situación del respeto a los derechos humanos en México.

El directivo de HRW hace referencia a los casos de Iguala, Guerrero, en el que seis personas fueron asesinadas presuntamente por policías en coordinación con miembros de la delincuencia organizada y que simultáneamente secuestraron a 43 estudiantes que están desaparecidos; y el ocurrido en el poblado de Tlatlaya, Estado de México, en el que elementos del Ejército son investigados por haber asesinado a civiles y alterado la escena del crimen en un presunto enfrentamiento en el que perdieron la vida 22 personas.

“La gente se pregunta, en especial fuera de México —los mexicanos no tanto pues ya la han vivido—, pero en el extranjero la pregunta es ¿cómo puede ser que unos policías disparen contra estudiantes y que ellos mismos intenten desaparecer a 40 personas? La única explicación es la impunidad. Argumento uno, la impunidad; argumento número dos, la impunidad y argumento número tres, la impunidad; es la impunidad total”, dice Vivanco.

¿Qué responsabilidad tiene el gobierno federal en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Guerrero?

Esta desaparición se produce en un lugar que no es remoto, que no es de difícil acceso. Son 120 kilómetros de la capital de México. Curiosamente el 26 de septiembre se produce primero el homicidio de seis personas por parte de policías, tres estudiantes y tres transeúntes, y de inmediato se denuncia el secuestro de decenas de estudiantes. Es inusual la comisión de un delito de desaparición de personas en tiempo real, donde se van desencadenando los hechos a la vista de los espectadores, obviamente de los familiares y de los testigos que había en el sitio, se da la voz de alarma porque coinciden los dos hechos, es decir el asesinato y el secuestro (de estudiantes) se dan de manera simultánea, y se da la voz de alarma en ese instante.

El gobierno federal se debe dar inmediatamente por enterado, sin embargo, el presidente de la República (Enrique Peña Nieto) reacciona a los cuatro días, el 30 de septiembre.

¿Una reacción tardía?

El Presidente de México emite una declaración ante un hecho tan dramático, del que todos —no sólo en México sino en muchas partes del mundo—, se estaban preguntando a las 24 horas dónde están esas decenas de estudiantes y qué había pasado con ellos; ante todo ese drama el Presidente demora cuatro días en reaccionar y reacciona mal.

Muy mal pues la reacción del Presidente está dirigida con toda claridad a lavarse las manos, pues dice que el gobierno federal no puede sustituir las responsabilidades y obligaciones de los gobiernos de los estados y que esa era una responsabilidad de Iguala, ¡como si esto fuera Guatemala! Esto está a 120 kilómetros del Distrito Federal, es parte del territorio nacional. Creo que el Presidente de la República estaba más preocupado por proteger su imagen y no acercarse a este tema que, como el de Tlatlaya, fue tóxico.

¿Tóxico?

El actual gobierno considera que los temas de seguridad y los temas de derechos humanos son tóxicos, temas que generan más bien problemas, que dan una imagen de país inseguro, que pueden afectar la imagen y el prestigio del gobierno y que lo mejor es no hablar de ellos y esconderlos debajo de la alfombra.

Pero la basura ya se está saliendo de debajo de la alfombra.

Se trata de un gobierno preocupado por su imagen, que considera que si se aleja y toma distancia de este tipo de temas la gente pensará que éste es un problema de Guerrero, o de Michoacán, se lava las manos y deja que se cocinen en su propia salsa; yo creo que ese es el pecado original del actual gobierno y por el cuál, paradójicamente, está pagando un precio altísimo, porque la imagen hoy del gobierno federal por lo de Tlatlaya primero y por lo de Iguala después, está por los suelos.

Al igual que el gobierno anterior parece que el actual no está dispuesto a hacer nada por alterar el estado de impunidad existente que es lo que explica lo de Iguala. Es la impunidad total.

Servidores públicos, policías y militares tienen la certeza de que no van a rendir cuentas si están ante un delito consumado, o que si quieren desaparecer o matar ya podrán dar una versión falsa de los hechos, como ocurrió en Tlatlaya y como ha ocurrido en el pasado, y nadie los va a sorprender ni exigir rendición de cuentas.

Si alguien pensara que su postura es muy exagerada creo que usted tendría como argumento el hecho de que han aparecido un gran número de fosas clandestinas en Iguala y que ahora además de 43 estudiantes desaparecidos hay un número de cadáveres de personas asesinadas que hay que identificar

Si alguien me dijera que exagero lo único que pediría es que demuestre si hay un solo funcionario público, un agente del Estado, desde el 2006 hasta el 2014, cumpliendo condena por desapariciones forzadas; no hay ninguna.

Esto es tan triste. Lo que yo más quisiera es estar equivocado, sin embargo los hechos son poderosos e inequívocos. Surgen las noticias de las fosas y ahí el Presidente se dirige al país en una alocución de cuatro minutos donde se muestra acongojado y él, como la gran mayoría del país y la comunidad internacional, asume que los habían matado, que esas eran las fosas y sobre esa presunción él anuncia que castigarán a los responsables hasta las últimas consecuencias; y dice todo lo que hay que decir solidariamente en una situación de este tipo. Sin embargo, resulta que estos son otros muertos que dan cuenta del problema sistemático que tiene México, insisto, la impunidad total.

Entonces, hay muertos, hay fosas, pero no responsables

Están las fosas, están los muertos, pero estos son otros muertos, es una bofetada. Cuando se creía que no podría haber mayor abuso resulta que los familiares de los estudiantes van a tener que seguir buscando porque los muertos encontrados son otros.

El Presidente dijo que el caso Iguala ponía a prueba al Estado mexicano ¿cree usted que el Estado supere esta prueba?

El caso Iguala y el caso Tlatlaya ponen a prueba su gobierno. El que tiene una prueba de credibilidad profunda es el gobierno. Este gobierno no ha mostrado el más mínimo interés en estos temas. Recuerde que de las cosas positivas que se han hecho en esta administración está la creación de un fiscal especial de la Procuraduría General de la República para investigar desapariciones, pero le han recortado 60% el presupuesto y no han logrado además ningún resultado con esa fiscalía.

Usted señala que el actual gobierno tiene una responsabilidad en los hechos de Iguala y de Tlatlaya, pero ¿no cree que esto es una cosecha de una siembra que inició en el sexenio anterior con una política de seguridad fallida?

Así es. Esto no ha cambiado, sigue la misma dinámica, la diferencia es que el Ejecutivo habla menos, o no quiere hablar del tema. Calderón hablaba todos los días del tema, y este gobierno no quiere hablar, pues su tesis es que está en el mejor interés de ellos, insisto, esconder estos temas bajo la alfombra, ignorarlos deliberadamente y sólo si hay escándalo de proporciones gigantescas e internacionales hacer un control de daños.

¿Cuánto le va a costar al actual gobierno federal este tema?

Yo creo que esto es muy profundo y ojalá que esta sacudida los obligue a revaluar. No quiero pecar de un optimismo sin fundamento, pero yo lo que quisiera es que la reacción de la sociedad mexicana y de la comunidad internacional que ha sido muy fuerte los obligue a reexaminar sus políticas y a no abordar este problema simplemente como un problema de relaciones públicas, sino entender que aquí hay materias que demuestran la degradación más profunda en la que ha caído México en ámbitos como la justicia, la violencia, la vigencia de los derechos humanos, la corrupción, la impunidad, todos estos temas creo que han sido prácticamente abandonados.

Usted ha sido muy crítico sobre el tema de las desapariciones en el país en los últimos dos sexenios, y ha señalado que el gobierno parece no tratar este tema con el interés y el respeto que merece ¿de qué tamaño es el problema?

Estamos hablando de vidas humanas, de un drama nacional, esta es una crisis de derechos humanos que sufre México, que no tiene comparación en la historia contemporánea, esto es de una profundidad muy seria. La crisis que viene arrastrando México desde el sexenio de Calderón a la fecha en materia de derechos humanos es —yo diría— la crisis más seria que ha enfrentado México desde los tiempos de Tlatelolco, especialmente con la culminación de estas desapariciones de más de 40 estudiantes. Yo no conozco un hecho similar en América Latina en los últimos 30 años; y sí, en la historia de México ha habido muchos desaparecidos pero de esta magnitud y en tiempo real, no conozco ningún caso.