San Miguel Canoa sigue siendo fuente de conflicto social

Ocho meses pasaron ya desde que la actual administración municipal de Puebla asumió sus funciones y nadie dentro de ella atina a resolver los problemas de gobernabilidad que se suscitan en San Miguel Canoa.

Quienes creyeron que los hechos del pasado 6 de marzo servirían para aplicar mejores estrategias políticas en esa junta auxiliar, de por sí complicada, se equivocaron.

Aquella vez, manifestantes que demandaban la anulación del cobro de impuestos para vendedores informales provocaron un conato de bronca que derivó en la suspensión de la jornada de servicios municipales denominada "Progreso a la puerta de tu casa".

El descuido de sus operadores, encabezados por Guillermo Aréchiga, obligó al edil José Antonio Gali a abandonar la plaza mucho antes de lo previsto, y a posponer, para mejor ocasión, el reinicio de las ambiciosas giras de atención ciudadana.

La protesta de entonces fue orquestada, cierto, motivada por los intereses de quien a la postre se convertiría en presidente auxiliar de esa demarcación, el priista Raúl Pérez Velázquez, pero aun así evidenció la inexperiencia de los encargados de la Secretaría de Gobernación municipal en esos menesteres.

Para desgracia del presidente Gali, pareciera que estos mismos "operadores" (Aréchiga y su brazo derecho, Enrique Nacer) no aprendieron nada de aquella importante, y dolorosa, lección.

A siete meses y medio de aquel incidente, Canoa, junta auxiliar de histórica complejidad social, sigue siendo motivo de nota roja para los medios informativos y de alerta política para los círculos de poder donde se toman las decisiones del municipio y el estado.

Dos días de la última semana bastaron para comprobar que los cabildeos y la celebración de acuerdos políticos continúan inacabados en esa junta auxiliar.

El miércoles, frente a las cámaras y micrófonos de los reporteros, Pérez Velázquez, ya metido en la camiseta de autoridad auxiliar en funciones, anunció la inmediata creación de una policía comunitaria para hacerle frente a la supuesta creciente ola delictiva.

Esta policía, abundó, sería integrada por ciudadanos de la población civil con permiso, otorgado por él, claro, para portar armas de fuego.

Para argumentar su decisión, Pérez Velázquez describió una crisis de inseguridad pública en Canoa, producto, acusó, del abandono de la autoridad municipal.

No mostró ninguna copia de los presuntos documentos en los que habría expresado su preocupación al ayuntamiento y solicitado ayuda para realizar las tareas de vigilancia en la junta auxiliar.

Y no lo hizo porque no las tiene.

De manera oficial, como debe ser, no ha pedido nada.

Pero si decía la verdad o mentía era lo de menos para el respetable, lo que importaba es que anunció la creación de la primera "policía comunitaria" dentro del territorio estatal... y volvió a meter en aprietos al ayuntamiento.

Tres días después de eso Canoa volvió a ser noticia.

Durante la noche del sábado, un grupo de 50 personas se manifestó frente a la presidencia auxiliar para reclamarle a Pérez Velázquez por el incumplimiento de sus compromisos de campaña.

Molestos con el edil, los inconformes procedieron a tomarle la sede de gobierno: forzaron puertas, rompieron cancelería y vidrios y dañaron el mobiliario.

Hasta ayer por la tarde el presidente auxiliar no había recuperado la posesión del inmueble y, según se comentaba entre su grupo de colaboradores, se preparaba para hacerlo este lunes por la mañana.

Una junta auxiliar que amaga con armar a su propia policía comunitaria y que se mueve entre las pantanosas aguas de las disputas internas no es buena señal de gobernabilidad.

Dentro del ayuntamiento habrá quienes digan que eso es culpa exclusiva del edil auxiliar, de sus incapacidades para atender las demandas de la gente que habita en la junta y que confió en él.

Quizá.

Sin embargo, también habrá quienes opinen otra cosa, quienes afirmen que el trabajo de operación y conciliación que debe desplegarse desde la Secretaría de Gobernación municipal, a favor de las 17 juntas auxiliares, ha sido ineficiente.

Por tanto, Guillermo Aréchiga, secretario de Gobernación, y Enrique Nacer, su director de Atención Vecinal y Comunitaria, harían bien con empezar por dejar de subestimar a Canoa como foco de conflicto social.

Ayudarían más a su jefe.

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