Respuesta a recomendación CNDH, nuevo agravio a Chalchihuapan

Por La Jornada de Oriente | Martes, Octubre 21, 2014

La respuesta que el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas dio a la recomendación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) le formuló por la represión policiaca del 9 de julio, saldada con la muerte del niño de 13 años, José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo y más de 100 ciudadanos heridos –algunos de ellos con pérdida parcial, pero permanente, de facultades como el habla y la vista–, lejos de conformar se ha constituido en un nuevo agravio, no sólo para las víctimas, sino para un amplio sector de la sociedad poblana y nacional, que percibe en el mandatario a un hombre obcecado al punto del absurdo.

Sin duda, el caso que más indigna es el de Facundo Rosas Rosas, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, principal responsable de los hechos y quien pasará a la historia como el único servidor público que, hasta ahora, ha sido señalado como responsable de los dos únicos casos de “violaciones graves” en el haber del organismo: el de Chalchihuapan y el del asesinato de normalistas en Ayotzinapa en 2012.

De hecho, el funcionario es aludido en la primera de las 11 recomendaciones. La CNDH le pidió a Moreno Valle instruir que se iniciaran “los procedimientos de responsabilidad respectivos en contra del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, así como del personal de dicha institución”.

Una amonestación y una sanción pecuniaria, cuyo monto se ignora, fue el castigo que el señor gobernador determinó para su colaborador. Seguro que a Rosas le salió barata su responsabilidad directa en el conflicto social más grave que ha padecido la entidad en lo que va de la década.

La impunidad gozada por Facundo Rosas se extiende al procurador, Víctor Antonio Carrancá Bourguet, pues aunque éste no es mencionado en la recomendación en comento, su encubrimiento de los hechos quedó más que evidenciado en la tozudez con que defendió, contra toda lógica, la versión de que al menor le arrebató la vida la onda expansiva de un cohetón.

¿Cómo se puede confiar ahora en la dependencia que investiga los delitos, si su titular mintió en el caso que ha concitado la mayor atención pública del sexenio en Puebla, México y el extranjero? ¿Si así se indaga un asunto que se presume de extrema importancia para la credibilidad del gobierno, qué se puede esperar de su actuación en hechos mucho menores como un robo sin violencia?

Lo siguiente que salta a la vista es que la recomendación undécima tampoco fue cumplida. La CNDH exhortó al mandatario a que ordenara “a quien corresponda para que se diseñe e imparta un programa integral de capacitación y formación en derechos humanos dirigido a los servidores públicos de las instituciones encargados de las áreas de Seguridad Pública y procuración de Justicia, respectivamente, en el estado de Puebla, que ponga un especial énfasis en el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado de Puebla, así como en los protocolos existentes en la materia (…)”.

Pues bien, la madrugada del sábado pasado los uniformados hicieron gala de lo aprendido: irrumpieron en San Bernardino a bordo de vehículos sin placas, engomados o cualquier otra identificación oficial, condición que hubiera ameritado decomiso de la unidad e infracción para cualquier ciudadano que circulara en su automotor por la ciudad de Puebla y sus alrededores, pero que tratándose de una autoridad morenovallista, evidentemente es un requisito que puede pasarse por alto.

Armados con mazos de gran calibre –un ejemplar abandonado tras los atropellos fue mostrado ayer por las valientes mujeres de Chalchihuapan– destruyeron puertas, enrejados, ventanas y mobiliario para allanar los domicilios de los detenidos, que en ese momento dormían. No les permitieron vestirse, y cuando familiares, niños, esposas y ancianos, trataron de impedir que se los llevaran, los policías tuvieron a bien encañonarlos como si se tratara de delincuentes de alta peligrosidad armados y dispuestos a matar.

No solo eso; ahora se sabe que varios de los detenidos –incomunicados por más de siete horas– ni siquiera son las personas que, a través de twitter –como si la red social fuera el medio de comunicación oficial de un gobierno constitucional– identificó como responsables. Ya se sabe que la presunción de inocencia no es el fuerte de la institución. El acierto, tampoco. Su capacitador en respeto a los derechos humanos y garantías individuales puede dormir tranquilo.

El asunto de la disculpa, encuadrado en la sexta recomendación, pinta de cuerpo entero la soberbia de quien ostenta el máximo poder político en Puebla. Cierto es que la CNDH no solicitó que Moreno Valle asumiera la responsabilidad de los perjuicios, pero el mandatario sí que se tomó al pie de la letra eso de instruir “a quien corresponda para que se ofrezca una disculpa institucional a las víctimas y a sus familiares por los agravios generados por los  servidores públicos de las dependencias a su cargo”, pues se limitó a ordenar a su Dirección de Comunicación Social que emitiera un boletín ordinario sobre un acto que nadie fuera del círculo morenovallista atestiguó, si es que en verdad ocurrió, en el que supuestamente el abogado del gobierno hizo lo que le tocaba.

La cuarta y quinta recomendaciones se refieren a la atención a las legítimas demandas de los grupos sociales, y en ellas se pide a Moreno Valle que “contemple la solución pacífica de conflictos, se abstenga de criminalizar la protesta social y prevea acciones efectivas y eficaces de coordinación institucional para el tratamiento de manifestaciones públicas, privilegiando en todo momento el diálogo y reduciendo los riesgos que pudiera representar el uso de la fuerza”.

Sobra decir que en esta materia el gobierno de Moreno Valle persiste en el desacato, y el ejemplo más claro es lo sucedido la semana pasada a los cuatro activistas opositores al parque de las siete culturas, quienes hoy pernoctan en la cárcel por manifestarse en el Palacio Municipal de San Andrés Cholula, que, siguiendo el talante predilecto del mandatario, fue desalojado con lujo de violencia.