Investigaron a edil de Iguala en 2010, pero cerraron expediente

Por La Jornada | Viernes, Octubre 31, 2014

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo este jueves que el gobierno federal investigó de 2010 a 2012 (último tramo del sexenio de Felipe Calderón) a José Luis Abarca, presidente municipal de Iguala (con licencia y prófugo de la justicia), por vínculos con el crimen organizado, pero los expedientes fueron cerrados aparentemente por falta de pruebas.

“En el 2010, 2011 y 2012 se abrieron averiguaciones, me refiero al anterior gobierno, averiguaciones por delincuencia organizada contra este presidente municipal, y fueron cerradas porque en ninguno de los casos se encontró nada”, señaló durante una entrevista radiofónica con Joaquín López Dóriga.

En ese periodo estuvo a cargo de la Procuraduría General de la República, Arturo Chávez y Marisela Morales, (quien en 2011 fue subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada) y, como titular de la Secretaría de Gobernación, José Francisco Blake Mora y Alejandro Poiré.

Osorio Chong admitió que el caso Ayotzinapa (hay 43 estudiantes desaparecidos desde hace más de un mes) es el problema más grave que ha enfrentado la administración de Enrique Peña Nieto, porque ha lastimado al país no sólo al interior sino también a nivel internacional. En este punto dijo que al gobierno federal le interesa la “cooperación” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el proceso de búsqueda de los jóvenes.

“Esta acción (Ayotzinapa) por supuesto que lastima todo el esfuerzo (de combate al crimen)...estamos en un momento difícil pero vamos a superar este conflicto, este problema. Habremos de dotar de seguridad a esa región de Tierra Caliente, Guerrero”.

El secretario insistió en lo que ha mencionado en otras entrevistas: advirtió al gobernador con licencia Ángel Aguirre, “un día y medio después” de los hechos que reforzara la vigilancia para evitar la huida del alcalde. En este sexenio, en agosto pasado, se empezó a indagar a Abarca –comentó– por enriquecimiento ilícito.

Ahora que se ha fugado, el gobierno federal lo busca con base en “muchas líneas de investigación”, para dar con ese y otros presuntos culpables de los hechos del 26 de septiembre, en tanto que la Procuraduría General de la República determinará si hay responsabilidad legal del mandatario con licencia.

“Cada quien (niveles de gobierno) debe hacerse responsable de sus acciones”, comentó Osorio.

El funcionario aseveró que la reunión, en la víspera, entre los familiares de los 43 muchachos desaparecidos y el Presidente de la República fue respetuosa de ambas partes.

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