En lo oscurito, Puebla ofreció disculpa por Chalchihuapan
Por Intolerancia | Lunes, Marzo 2, 2015
Un video proporcionado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos —vía la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental—, revela la forma tan sombría y escueta en que el gobierno estatal realizó la disculpa pública a los habitantes de Chalchihuapan, por la grave violación de sus derechos. 3.35 minutos y funcionarios de segundo nivel utilizó el morenovallismo para “cumplir” con la recomendación de la CNDH.
En “la disculpa pública” que el gobierno del estado dio a los afectados por la represión en Chalchihuapan, se reconoció la violación de derechos humanos de vecinos de esta comunidad, aunque se hizo de la forma más sombría, con funcionarios de segundo nivel y en tan sólo tres minutos.
Intolerancia Diario revela por primera vez el video donde el gobierno de Puebla emitió la llamada “disculpa pública”, para lo que dedicó solamente unas cuantas palabras.
Sin afectados, ni medios de comunicación, con 22 personas sentadas —todos trabajadores del gobierno estatal— y 3.35 minutos bastaron para que el gobierno del estado emitiera su “disculpa pública”, por el caso del desalojo en Chalchihuapan, tras la recomendación de la CNDH.
El video fue entregado este fin de semana por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) mediante una solicitud por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
La grabación forma parte del expediente entregado por el gobierno de Puebla al organismo nacional, como prueba de que cumplió la recomendación 2VG/2014, en uno de sus 11 puntos.
Hasta la fecha era totalmente desconocida la forma en que las autoridades poblanas realizaron la “disculpa pública”, ordenada por la CNDH, para lo cual sólo emitieron un escueto boletín.
Incluso, el video fue reservado por el gobierno de Puebla para su publicación, a pesar de las solicitudes de reporteros por la vía de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Finalmente la CNDH entregó la información, debido a que forma parte de un caso de violación grave de derechos humanos, único en 2014 con recomendación, por encima de historias como la de Tlayaya o Ayotzinapa.
“Usted disculpe”
“En estricto cumplimiento a la recomendación 2VG/2014 y en nombre del gobierno de Puebla, ofrezco una disculpa pública a cada una de las víctimas y sus familiares, quienes hayan sufrido alguna violación a sus derechos humanos en los hechos ocurridos el 9 de julio en San Bernardino Chalchihuapan”.
De este modo las autoridades poblanas reconocieron la violación de derechos humanos de habitantes de la comunidad, aunque lo hizo de la forma más discreta.
La lectura de siete puntos la hizo el secretario de Servicios Legales y Defensoría Pública, José Montiel Rodríguez, quien fue además encargado de despacho de la subsecretaría General de Gobierno.
Estuvo flanqueado por el subsecretario se inteligencia e investigación de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Zeferino Juan Sánchez Zarza y otro funcionario de quien se desconoce su identidad.
Hasta el sexto de siete puntos se ofrece la disculpa, mientras en los otros seis, donde se expone la forma en que se resarcirán los daños.
El evento supuestamente se realizó el viernes 17 de octubre de 2014 a las siete de la tarde en el salón Oriental 1 del centro de Convenciones.
Según las imágenes, el lugar ya está lleno con 22 personas sentadas, quienes solo hacen acto de presencia como mudos testigos, sin aplausos o comentario alguno.
Fuentes del mismo gobierno estatal, señalaron que se trata del mismo personal de las dependencias estatales.
Además no se nota la presencia de reporteros o representantes de medios de comunicación, ni mucho menos de alguno de los damnificados de Chalchihuapan.
Al siguiente día, el 18 de octubre, se giró un boletín publicado por diversos medios de comunicación escritos, cuyos reportes el gobierno poblano también entregó a la CNDH.
En la madrugada de ese mismo 18 de octubre, Chalchihuapan despertó con la irrupción de policías estatales a algunas viviendas, donde aprehendieron a cinco personas por los mismos hechos.
La invitación
El lunes 20 de octubre de 2014, tres días después del acto, Elia Tamayo, madre del niño José Luis Tlehuatle, fallecido por el enfrentamiento de Chalchihuapan, reveló que la invitaron ese mismo día, tres horas antes.
En rueda de prensa en la comunidad de Chalchihuapan en la que acompañó a madres de familia cuyos esposos fueron aprehendidos dos días antes por elementos de la Policía Ministerial.
Y es que para ella fue una falta de respeto solo haberle enviado con tres horas de anticipación una invitación a acudir a un evento donde supuestamente le ofrecerían disculpas.
Con el rostro serio, entristecido, escuchó uno a uno los testimonios de sus vecinas de la comunidad, quienes vivieron momentos de terror cuando los elementos policiacos irrumpieron en la madrugada para detener a cinco personas.
Cuando relataban sus vecinas como fueron sometidas, golpeadas y humilladas, no pudo contener el llanto.
Al tomar la palabra, todos sus sentimientos erupcionaron en contra del mandatario estatal, a quien gritando lo culpó de haberle arruinado la vida.
—¿Fue al evento dónde le darían el perdón?
—Le digo no pudimos ir porque nos mandan a que horas el citatorio, luego a las siete de la noche, no fuimos.
En el punto de la disculpa pública que exigió la CNDH, finalmente el gobierno poblano supuestamente invitó a damnificados al evento este viernes a las 19 horas, sin embargo nadie asistió y ni siquiera la prensa fue invitada.
En una de estas cartas dirigida a Elia Tamayo Montes y entregada a las 3 de la tarde del viernes, se le pidió que asistiera al salón Oriental 1 del Centro de Convenciones con su familia, para dar cumplimiento a la recomendación de la CNDH.
“Su asistencia a este evento público es muy importante, por eso la exhortamos a que nos honre con su presencia”, señala la carta firmada por José Montiel Rodríguez, entonces encargado de despacho de la subsecretaría General de Gobierno. Jamás llegaron
Los hechos
El 9 de julio de 2014, un grupo de pobladores de Chalchihuapan cerraron la autopista Atlixcayotl, que comunica a la ciudad de Puebla con Atlixco.
Para desbloquearla, autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, encabezada por Facundo Rosas, montó un operativo desde muy temprana hora, según la investigación de la CNDH.
Esto indica que las autoridades poblanas sabían del movimiento desde un día antes pudieron negociar, sin embargo, prefirieron el uso de la fuerza.
En el operativo de desalojo, de los 426 policías estatales, 32 portaban lanzaderas y diversas armas de dispersión, las que fueron utilizadas sin medida contra la población.
De este modo salieron al menos diez lesionados de los manifestantes y más de 40 de policías, aunque no se pudo documentar el número, debido a que muchos ni siquiera los atendieron las unidades médicas del gobierno estatal.
Entre los lesionados se encontraba el menor José Luis Tlehuatlie Tamayo, quien falleció 10 días después, producto de la lesión que sufrió en la cabeza por una lata de gas lacrimógeno lanzada por las autoridades.
Esta situación generó una investigación de la CNDH, la que culminó el 11 de septiembre con la recomendación al gobierno de Puebla de llevar a cabo 11 puntos, al comprobarse que policías estatales abusaron de la fuerza y fueron los responsables de la muerte del niño de 13 años de edad.