Verificentros, un fracaso porque se planearon como negocios
Por La Jornada de Oriente | Lunes, Marzo 2, 2015
El rotundo fracaso del nuevo programa de Verificación Vehicular –cuya primera etapa concluyó el sábado– se debió a que desde un principio se concibió como un jugoso negocio, de unos 600 millones de pesos anuales, de parte de algunos miembros de gabinete estatal y no como un sistema de modernización del servicio. Lo más grave de esta situación es que en la forma en que está diseñado, si no se reforma en las próximas semanas amenaza con seguir siendo factor de conflictos y abusos contra los propietarios de 825 mil automotores en el estado.
Las cifras son muy sencillas y claras: con el anterior sistema que había y que el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas se dio a la tarea de destruir durante 2014, se tenía una demanda a lo largo del primer semestre de cada año –ya que muchos automotores no hacen el trámite en el segundo semestre por tener calcomanías 0 o 00– de revisar un promedio de 4 mil 583 automotores por día, que repartidos en 86 verificentros, daba por resultado que cada establecimiento tenía una carga promedio de 53 clientes por jornada.
Con el nuevo sistema, que en la primera etapa de revisión duró 120 días, se tenía que verificar por día unos 6 mil 875 automotores, que repartidos en únicamente 17 establecimientos dio por resultado que cada estación tenía que atender unos 404 autos y camiones por cada jornada, lo cual a su vez significaba 16 unidades por hora, en el supuesto de que trabajaran las 24 horas del día.
Eso significaba que cada verificentro tenía que invertir entre 3 y 4 minutos para atender a cada conductor que llegara con su unidad, lo cual nunca fue posible.
Si se toma en cuenta que no se laboraron los 120 días que comprendió el periodo de noviembre de 2014 a febrero de 2015, ni que todos los días funcionaban 24 horas las estaciones, se entiende por qué alrededor de 350 mil automotores se quedaron sin pasar por dicha revisión.
Y eso va a seguir sucediendo en la siguiente etapa de verificación, que tendrá 60 días más de plazo para revisar el parque vehicular del estado, pero que de nuevo no tendrá la capacidad de atender a todos los usuarios, que no evitará las enormes filas –que se salen de lo tolerable–, la existencia de coyotes para agilizar el trámite o el pago de sobornos.
El fracaso del nuevo sistema se explica por algo muy simple: no fue resultado de la planeación, sino de la ambición de un grupo de funcionarios.
En marzo del año pasado el gobierno del estado empezó a clausurar los primeros 10 de 86 verificentros que antes funcionaban, con argumentos jurídicos nada sólidos y sin darles derecho de audiencia a sus propietarios.
Esa acción se dio por resultado de una reunión que existió entre José Cabalán Macari Álvaro, el secretario de Infraestructura del gobierno del estado, y Eukid Castañón Herrera, el diputado local que es el principal operador del gobernador, con un grupo de funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (SDRSOT), en la que no participó el titular de esta última dependencia, Mario Rincón.
Desde un principio la orden de provocar la quiebra de los anteriores verificentros fue con motivos políticos y económicos, sin que hubiera una planeación de por medio, ya que únicamente privó el ánimo de hacer negocios.
La trampa que les pusieron a los verificadores se puso el descubierto con el oficio SFA–SI–DI–205/2014/DDDPA/85/
2014, del 17 de enero de 2014, en el cual Emilio del Valle Rodríguez, en su calidad de director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas le pide a José Luis Cortés Penedo, quien es director de Calidad del Aire y Cambio Climático de la SDRSOT, que le explique por qué los 86 verificentros no han pagado los refrendos de las concesiones de los años 2012 y 2013, pues no existen motivos para que eso no haya ocurrido.
Cortés Penedo es el funcionario que utilizaron Cabalán y Castañón para quebrar a los verificadores, a quienes con toda la intención nunca se les dieron los formatos para que pagaran el refrendo de las concesiones y ese fuera el único argumento legal para clausurarlos. Era una situación que se desconocía en la propia Secretaría de Finanzas.
La intención era muy clara: se quería llevar a la quiebra a los verificentros para que el negocio se le quedara a Jorge Kahwagi Macari, el ex presidente del Partido Nueva Alianza (Panal), primo de José Cabalán, amigo personal del gobernador y además quien acapara el servicio de verificación vehicular en el estado de México y el Distrito Federal.
Al final Cabalán se desesperó porque José Luis Cortés Penedo no cumplió con los plazos para la apertura de los nuevos verificentros y se impusieron pesadas cargas económicas, además de que brotaron juicios de amparo de 12 propietarios de las estaciones clausuradas. Por eso, el ex boxeador y político cercano a la defenestrada dirigente magisterial Elba Esther Gordillo Morales decidió no hacerse cargo del servicio.
En lugar de Kahwagi les dieron los nuevos verificentros a un grupo de empresarios del Distrito Federal y el estado de México que tienen antecedentes de incumplimientos técnicos en los establecimientos que manejan en esas lugares.
Sin embargo, Kahwagi no quedó fuera del negocio, ya que sin mediar una licitación se estableció que los únicos proveedores de los nuevos 17 verificentros son las empresas Herramientas y Equipos Industriales Quintana e Ingenium Work, ambas controladas por el ex dirigente del Panal. Eso de entrada llevó a que ambas compañías vendieran 136 millones de pesos en equipos.
Todos estos revoltijos, intrigas y abusos fueron los que provocaron la gestación de los nuevos verificentros, que se han vuelto un dolor de cabeza y de bolsillos para el grueso de los propietarios de vehículos en el estado. Todo es producto de un vulgar negocio.