Niegan video del desalojo a alumnos de la BUAP

Alegan posible daño a la estrategia contra el crimen; retiene CERI las imágenes

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) del ayuntamiento de puebla reservó por siete años la difusión de las imágenes del desalojo en el Zócalo en contra de estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

El Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata (CERI) posee las grabaciones de las cámaras con las que vigilan las inmediaciones del primer cuadro de la ciudad.

METRO solicitó las imágenes a través del sistema de acceso a la información pública, pero la SSPyTM argumentó que entregarlo podría dañar la estructura diseñada por la corporación para combate a la inseguridad.

Esa instancia argumentó que estos videos son la principal herramienta para la elaboración de acciones de inteligencia en contra de la delincuencia organizada.

Por eso, mostró como defensa el acuerdo de reserva REF.364/ CGT/0711 que mantiene bajo resguardo la red de videovigilancia de la ciudad de Puebla.

"La publicación de esta información puede dañar severamente la estructura diseñada para la Secretaría de Seguridad Pública mediante la infraestructura adquirida ya que todos los datos almacenados en cualquiera de las bases de datos y/o sistemas son la principal herramienta para productos de inteligencia en contra de la delincuencia organizada", se justificó.

El 8 de febrero un grupo de estudiantes de la BUAP que mantenían un campamento en el Zócalo de la Angelópolis sufrió agresiones de parte de personas que arribaron en la madrugada para retirarlos del sitio.

Jóvenes presentaron denuncias ante la PGJE por la comisión de diferentes delitos entre otros, lesiones y hasta acoso sexual.

El Movimiento de Alternativa Social (MAS) solicitó al CERI la entrega de los videos para documentar las denuncias de los estudiantes, aunque hasta ahora, en ese caso, todavía no obtienen respuesta.

La autoridad argumentó, además, que las imágenes de videovigilancia forman parte de una investigación en curso a cargo del Ministerio Público adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado.

El documento fue firmado por Minerva Rivera García, directora jurídica de la Unidad de Acceso a la Información de la dependencia.