Lozano pagó renta de cabildero de Televisa con dinero del erario
Por Sin Embargo | Lunes, Abril 27, 2015
El Senador del PAN y ex Secretario del Trabajo. Foto: Cuartoscuro
PRIMERA PARTE
Ciudad de México (SinEmbargo).- Javier Lozano Alarcón, en su calidad de Secretario del Trabajo y Previsión Social, pagó con recursos públicos 24 mil 170 pesos diarios por concepto de renta de un inmueble al familiar de un abogado y cabildero de Televisa.
Según la información disponible en el Portal de Obligaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre del mismo año, la dependencia arrendó el edificio situado en Valencia 36, Col. Insurgentes Mixcoac, DF, en la cantidad de 8 millones 822 mil 248 pesos.
La dependencia a cargo de Lozano, ex Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones –y futuro presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado– alquiló, mediante adjudicación directa, el sitio a Felipe Fuentes Ostos, quien ha representado a Televisa en reuniones reportadas de manera oficial por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el mismo órgano regulador cuya condición autónoma ha sido cuestionada por el propio Lozano.
Con siete niveles –más de 1 millón de pesos al año por piso–, el inmueble de Valencia 36 fue ocupado por algunas direcciones de la STPS y como sede alterna del despacho del Secretario y actualmente funciona como oficinas de la Auditoría Superior de la Federación.
Su hermano Francisco Fuentes Ostos es miembro de la firma de abogados Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes.
“Mantenemos contacto directo y una relación profesional con las autoridades e instituciones públicas que regulan, supervisan e influyen en los negocios de sus clientes. También participamos en comités o grupos de trabajo creados para la elaboración de leyes, reglamentos y otras disposiciones legales, y hemos asesorado a dependencias gubernamentales en asuntos correspondientes a las áreas profesionales en las que el despacho se destaca”.
Francisco Fuentes aparece como especialista en telecomunicaciones en las prácticas descritas por la compañía de juristas. Al respecto, se enfatiza en la página de internet:
“Contamos con una amplia experiencia en el área de telecomunicaciones en virtud de que hemos asesorado a lo largo del tiempo, a empresas líderes a nivel mundial. Colaboramos con las empresas más prestigiosas de los diversos negocios de telefonía móvil o fija, radiolocalización, comunicaciones vía satélite e Internet, entre otros. Asimismo, asesoramos a empresas de televisión abierta, televisión por cable, televisión vía satélite, MMDS y grupos radiofónicos”.
Y de Fuentes destaca:
“Continuamente asesora a compradores, vendedores e inversionistas en operaciones complejas de fusiones y adquisiciones. El Licenciado Fuentes tiene amplia experiencia en revisión de concentraciones y prácticas monopólicas, representando a denunciantes como denunciados”.
Entre los representados de Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes están Televisa y TV Azteca, “el duopolio televisivo”, como se le ha llamado para referir el poder político y económico de las mayores televisoras mexicanas.
Esto se sabe porque la normatividad obliga a la publicación entre los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, órgano sucesor del que presidiera Lozano– y los sujetos regulados.
El 10 de septiembre de 2014 por la tarde, los comisionados del Instituto se reunieron con representantes empresariales para tratar el anuncio de venta de participación de Televisa en Iusacell. Por los “agentes económicos” acudieron, entre otros, Francisco Fuentes Ostos en calidad de “asesor externo de Televisa”.
También participó Tristán Canales Najjar, vicepresidente de Información y Asuntos Públicos de Grupo Salinas –del que es subsidiaria TV Azteca– y quien a partir de la próxima legislatura será Diputado Federal al ser postulado en un lugar seguro por el Partido Revolucionario Institucional.
Canales se integrará al grupo de legisladores conocidos como miembros de la “telebancada”, la misma a la que se acusa de pertenecer, destacadamente, a Javier Lozano Alarcón.
El 24 de abril pasado, Jeffrey Davidow, ex Embajador de Estados Unidos en México, y el ex Presidente del gobieno español José María Aznar encabezaron el anuncio de la fusión entre la consultoría multinacional DLA Piper, de la que son socios consejeros, con el despacho mexicano también especializado en negocios Gallástegui y Lozano, una firma de abogados que en 1985 fundaron Eduardo Gallástegui Armella y Gerardo Lozano Alarcón, hermano del hoy Senador panista Javier Lozano Alarcón.
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El abogado Fuentes Ostos posee otros intereses. Uno roza con las recientes disposiciones impulsadas por el Partido Verde para el surtimiento de recetas médicas en caso que el sistema de medicina institucional carezca del medicamento ordenado. En la asamblea del 10 de noviembre de 2010, fue designado secretario sin ser miembro del comité de auditoría de Farmacias Benavides SAB de CV. En el directorio del consejo de administración aparece el nombre de Joaquín López-Dóriga López-Ostolaza, hijo del conductor del principal noticiero de Televisa.
Otro dato sobre el tejido de las relaciones: Francisco Fuentes Ostos coincidió, a mediados de los ochentas, en la Escuela Libre de Derecho con Javier Lozano Alarcón, quien cursaba la carrera tres generaciones atrás y con Felipe Calderón Hinojosa, cuatro clases anteriores a la del socio de Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes.
Algo más: un pasante del despacho es Carlos Ahumada Gurza, hijo del empresario argentino que video grabó sobornos a perredistas utilizados en el complot que, según el propio Carlos Ahumada padre en su libro “Derecho de réplica” (Grijalbo, 2009), coludió a Carlos Salinas de Gortari, Rosario Robles, Diego Fernández de Ceballos y Televisa.
Otro pasante es Juan Pablo Aspe Valencia, nieto de Pedro Aspe Armella, el aún hoy muy influyente Secretario de Hacienda con Carlos Salinas de Gortari y jefe, en el servicio público y la iniciativa privada, del actual Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, principal promotor de las reformas energética y de telecomunicaciones.
“Si alguien le abre la puerta en el Senado a las iniciativas de la Presidencia, tanto en materia energética como en asuntos de telecomunicaciones, es Javier Lozano”, coincidieron, palabras más, palabras menos, dos senadores consultados, uno de ellos panista.
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La primera relación de un Alarcón y Televisa no ocurrió recientemente, en el sexenio pasado durante el intento de reforma a la Ley de Telecomunicaciones a la que se conoció como “Ley Televisa”.
En 1949, en asociación con el abuelo Emilio Azcárraga, el abuelo Alarcón extendió la Cadena de Oro al Distrito Federal y en 1961 compró la franquicia de la tarjeta de crédito Diners Club.
Al año siguiente nació su nieto Javier Lozano Alarcón.
A mediados de los sesenta, Don Gabriel fundó El Heraldo de México, periódico que presidió y dirigió hasta su muerte.
El diario nació en Puebla al igual que otros conglomerados periodísticos mexicanos, como la Cadena García Valseca, primera casa editora de los periódicos nacional y locales El Sol, y Novedades, de los O’Farril quienes además ostentaban un importante paquete accionario en Televisa. Las organizaciones editoriales compartían la ascendencia política de Maximino Ávila Camacho y el apoyo de su poderoso paisano y Presidente de la República Gustavo Díaz Ordaz.
Hoy, Javier Lozano Alarcón mueve sus fichas para gobernar Puebla.
Muchos hilos, muchos intereses. Foto: Cuartoscuro
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El primer sueldo del licenciado Lozano en la administración pública fue en 1984 como pasante en la Dirección de Disposiciones de Banca Central del Banco de México. Llegó ahí por invitación de su maestro de Contratos, Pedro Ordorica, quien sería presidente de la –también cuestionada– Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro durante la administración de Calderón.
Talentoso y disciplinado, Lozano atrajo el interés de la iniciativa privada y, a los 25 años de edad, recibió la Gerencia Jurídico del Sector Petroquímica del Grupo Alfa, sector en el que su abuelo Gabriel Alarcón tuvo intereses hace más de medio siglo y en el que ahora su hermano Gerardo incursiona de la mano de Davidow y Aznar, ambos promotores, lo mismo que el Senador Lozano, de las recientes reformas energética y de telecomunicaciones que abren aún más esos sectores a la iniciativa privada.
Hacia 1986, el joven Javier volvió al gobierno, esta vez a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público titulada por Pedro Aspe Armella. Permaneció ahí durante el resto del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, así que conoció desde adentro la gestación del “error de diciembre” que llevaría al país a la bancarrota durante los primeros años del gobierno de Ernesto Zedillo.
En un tramo de la administración zedillista, entre 1994 y 1995, Lozano recibió la asignación de contralor general corporativo de Petróleos Mexicanos. Es decir, era el hombre responsable de cuidar que Pemex no fuera el barril de corrupción sin fondo que tan lo siguió siendo que en ese mismo sexenio que ahí se fraguaron estafas de cientos de millones de dólares, incluida la conocida como Pemexgate de la cual se benefició el candidato presidencial priista Francisco Labastida, a quien Lozano apoyó.
La paraestatal era dirigida por Carlos Ruiz Sacristán, quien migró a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes llevando de la mano a Javier Lozano, primero como oficial mayor y luego como subsecretario de Comunicaciones. Finalmente lo promovió como presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, tema fundamental en su carrera política y privada. Su habilidad y perspicacia política llevaron a que se le comparara con Joseph Marie Córdova Montoya, el pequeño Maquiavelo atrás de Salinas.
Vale la pena apuntar un par de coincidencias –más allá de las resultantes por el fervor compartido al libre mercado– entre Ruiz Sacristán y Lozano Alarcón. Mientras el maestro fue un devoto estudiante de los Legionarios de Cristo, el alumno residió en la casa del Opus Dei, una y otra congregaciones consideradas ultraderechistas. La segunda es que al conocerse la profusa actividad pederasta de Marcial Maciel, fundador de la Legión, Ruiz Sacristán amenazó ir contra CNI Canal 40 por la difusión de los hechos de abuso infantil. Años después, Lozano haría lo propio desde el gabinete presidencial contra MVS tras la mención hecha por Carmen Aristegui sobre el posible alcoholismo de Felipe Calderón.
Respecto Ruiz Sacristán pesarían algunas acusaciones, como la de ser beneficiario de un contrato público con la empresa estadounidense Sempra Energy. Esta firma posee un contrato sujeto a polémica no sólo ética sino judicial por 16 mil millones de pesos para el abastecimiento de gas natural entre 2008 y 2022. Y en contra de ambos, también de Lozano, de haber favorecido a la empresa Unefon.
Entre los pocos aspectos que Lozano no presume de su vida en su trayectoria es su función en el Fobaproa, el sembradío de fraudes por el que el gobierno compró a los bancos créditos incobrables que se tradujeron en un fuerte incremento en el costo fiscal del rescate para reducir así las pérdidas de bancos, accionistas o grandes deudores que podían pagar sus créditos, pero que fueron transferidos a deuda de todos los mexicanos: 552 mil millones de pesos. El monto equivalió al 40 por ciento del PIB de 1997, a las dos terceras partes del Presupuesto de Egresos para 1998 y el doble de la deuda pública interna. A esto también obedecen los reclamos a Javier Lozano de cabildear a favor del interés privado y no del público.
–La verdad, la verdad, ¿alguna vez se quedó con el cambio de las tortillas? ¿Le ganó alguna propina a un mesero descuidado? ¿Se robó algo, lo que sea? –preguntó SinEmbargo a Lozano en entrevista concedida por el servidor público en 2013.
–Pues mira, vamos, pues… conscientemente alguna vez algo en la primaria, como una travesura, pero nada más– responde airoso. –Una cosa marcó toda mi vida. Cuando mi mamá me compró una colección de discos de Beethoven la pagó con tarjeta de crédito y llegando a la casa se dio cuenta que traía el báucher. A mí me pareció buena suerte. Pero ella regresó a la tienda y entregó el pago. Fue una enseñanza fundamental para mí. Me pueden poner de cabeza todos mis enemigos y no me encuentran absolutamente nada. Me pueden criticar muchas cosas, pero nunca que me llevara algo o que condicionara mi trabajo.
Lozano pasó luego a la Secretaría de Gobernación como subsecretario de Medios, despacho de cierta manera complementario al anterior en la Subsecretaría de Comunicaciones por la relación con los medios de comunicación, una oficina igual o equivalente con la que su abuelo Don Ga, Gabriel Alarcón, empresario de los medios de comunicación construido y favorecido por los Ávila Camacho y Gustavo Díaz Ordaz, tratara 30 años atrás.
Tras la derrota de su partido en 2000, Lozano ocupó la representación del gobierno poblano en la Ciudad de México. A la vez puso en marcha una firma legal llamada Javier Lozano y Asociados especializada en consultoría orientada a proyectos vinculados con la tecnología y regulación en materia de telecomunicaciones, manejo y estrategia de medios de comunicación. Uno de sus socios sería su hermano Gerardo, quien se vería involucrado en que la marca Pemex fuera registrada con ese nombre por un particular en Estados Unidos.
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En materia de telecomunicaciones, Lozano ha tenido opiniones encontradas.
En 2006 cuando se votó la llamada Ley Televisa, el senador panista, en ese entonces integrante del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), representó una de las primeras voces contrarias a la reforma presentada en la Cámara de Diputados.
“Es una ley retrógrada en la materia, que poco nos va a ayudar”, declaró Lozano el 10 de diciembre de ese año a Oscar Mario Beteta, de Radio Fórmula, recuerda Jenaro Villamil en el texto “El embate de la Telecracia”.
Poco después reculó y la propuesta parecía perder su carácter retrógrado.
De acuerdo con la columnas políticas de ese tiempo, la factura de cobraría meses más tarde con la llegada del Gobierno calderonista, pues a pesar de tener el perfil para ocupar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hubo presión de Emilio Azcárraga y/o de Carlos Slim para evitar que llegará al puesto y Lozano fue nombrado titular de la Secretaría del Trabajo.
En la reforma que se discute actualmente en el Senado, el panista no estuvo de acuerdo de que ésta naciera del Pacto por México y para dejarlo claro, días antes de que ésta fuera entregada a la Cámara alta, Lozano presentó su propia iniciativa en la que proponía fortalecer a la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
Debido a ello y los enfrentamientos al interior de su partido entre los cercanos al presidente Nacional del PAN Gustavo Madero y al ex presidente Calderón, al que pertenece, Lozano se opuso a la creación de un órgano autónomo y regulador del sector.
La oposición de Lozano y sus declaraciones generó que Madero declarara que quien se oponía a la reforma le hacía el “caldo gordo” a los poderes fácticos, a los que el senador reviró señalando que quien se comportaban como verdaderos poderes fácticos, eran los que seis en legisladores les querían “tirar línea” por la reforma.
Sin embargo, hace unos días el ex Presidente de la Cofetel cambió de parecer y dijo que apoyaría la creación del Ifetel.
“Yo mismo desde ahora digo: ni siquiera el presidente de Cofetel defiende a la Cofetel, el Secretario de Comunicaciones no defiende a la Cofetel, el Presidente de la República no lo hace, pues tampoco voy a ser tan necio. No quieren ellos defender su propia institución, vamos por el modelo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel)”, expresó el martes 9 de abril.
Una de la observaciones de Lozano hacia la minuta coincide con la de los empresarios, quienes están en descuerdo en que no se contemple la suspensión ante la resoluciones del Ifetel o de la Comisión Federal de Competencia.
“Es una regresión democrática el hecho de que se cancelen libertades y derechos fundamentales como el que no se tenga la suspensión en el juicio de amparo frente a cualquier decisión, acción, omisión o disposición de la Comisión Federal de Competencia o del nuevo Instituto de Telecomunicaciones. Es una barbaridad”, señaló Lozano el 4 de abril en el Senado.
–¿No considera usted que Televisa y TV Azteca dañan a México? –se pregunta a Lozano en 2013.
–No. Creo que son posiciones exageradas, extremas. Pienso que la libertad que tienen los mexicanos está al alcance del control de su televisión. Tan fácil como eso: le apagas, le cambias de canal. Siempre he pensado que es mejor apagar la televisión y prender un libro.
Actualmente, Lozano es un impulsor público de menguar la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones, lo que empujaría nuevamente su subordinación al Poder Ejecutivo, a la Presidencia de la República, una presidencia con frecuencia señalada por su cercanía con las televisoras.
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El edificio de Valencia 36, en la Col. Insurgentes Mixcoac, el de Fuentes Ostos, no fue el único inmueble alquilado por Lozano, quien, en medio de los conflictos que sostuvo con electricistas, mineros y lopezobradoristas mantuvo su despacho en varias sedes alternas.
Por ejemplo, la Secretaría a su cargo ocupó 962 mil pesos en el alquiler de una casa en Monte Everest 615, Col. Lomas de Chapultepec, a menos de 10 cuadras de la llamada “Casa Blanca” que Grupo Higa traspasó a la actriz de Televisa Angélica Rivera, actualmente esposa del Presidente de México. El contrato corrió del 1 de abril de 2007 al 31 de diciembre del mismo año: casi 107 mil pesos mensuales de renta.
Durante 2008, a la vez que la Secretaría de Javier Lozano alquilaba el edificio de Insurgentes Mixcoac, rentó otro inmueble, éste en Lucas Alamán 165, Col. Obrera. Se contrató un pago anual por poco más de 5 millones de pesos.
Y otra más, propiedad también alquilada en 2008. Se trata de un inmueble ubicado en Adolfo Ruiz Cortines 3313, Col. San Jerónimo Lídice, justo en el Periférico. Esta renta costó al erario 5 millones 163 mil pesos que se pagaron sin mayor trámite que la licitación directa a José Javier Vázquez Manero y Joaquín Alfonso Jaime Aguerrebere Serrano.
El último de ellos, Aguerrebere es asociado de la Fundación Sembrando Trabajo, una organización no lucrativa que se presenta como promotora del desarrollo rural y social de los campesinos. Entre sus asociados están, entre varias otras, las fundaciones de Sabritas y de Walmart, también Grupo Bimbo, Monsanto y Televisa.
Un nombre reluce en el listado –cuyo posible carácter polémico es otro tema–: Gerardo Lozano Alarcón, el hermano del Senador Lozano, el hermano que ahora se asocia con Jeffrey Davidow y José María Aznar para aceitar negocios en energía y telecomunicaciones.