CNDH dará por no cumplida la recomendación de Chalchihuapan
Por La Jornada de Oriente | Martes, Julio 7, 2015
En un par de meses la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) rendirá un informe del estado en que se encuentra la recomendación 2VG/2014, que es la que se emitió por la represión a la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, y desde ahora en el organismo ya se considera casi imposible que el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas pueda solventar los requerimientos más relevantes que se le hicieron el 11 de septiembre de 2014. Aunque faltan nueve semanas para el plazo fatal, ya se le considera que será una recomendación no cumplida.
Tal situación tiene prendido un “foco de alarma” en el gobierno del estado, pues se sabe que hasta ahora han fracasado los intentos de cabildeo con Luis Raúl Pérez González, quien lleva nueve meses en el cargo de ombudsman y ha sido muy cuidadoso de no involucrarse con la administración morenovallista para no contaminar el caso Chalchihuapan, el cual es uno de los de mayor escrutinio por parte de senadores y organismos defensores de derechos humanos.
Si el gobierno morenovallista no cumple con la recomendación se puede abrir la puerta a un juicio político contra el titular del Poder Ejecutivo de Puebla, luego de que la CNDH enlistó que en el caso de la agresión a Chalchihuapan, perpetrada el 9 de julio de 2014, se violaron los derechos a la vida, a la verdad, a la libertad de reunión y la integridad de la población.
Trascendió que desde ahora en la CNDH ya se estaría elaborando el dictamen por el cual se va a considerar como no aceptada la recomendación, para lo cual se busca dar una respuesta sustentada en los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito en materia de protección a los derechos humanos, derechos de la infancia y protección a la población civil.
En la CNDH se considera que el origen de la recomendación 2VG/2014, que se desprende del expediente de queja CNDH/1/2014/4555/Q/V6, estuvo viciado en el sentido de que se elaboró con el propósito de que en ese entonces –septiembre de 2014– Raúl Plascencia Villanueva pudiera reelegirse como ombudsman, por lo que hay partes laxas en el documento. Ahora se estaría buscando corregir esas fallas jurídicas.
Sobre todo porque el caso del homicidio del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo se ha convertido en un asunto emblemático para organizaciones internacionales de derechos humanos, que han denunciado impunidad en crímenes cometidos contra infantes mexicanos.
Lo que no pueden cumplir
De acuerdo con información de actores cercanos al caso, se sabe que de las 11 recomendaciones que en septiembre pasado se le exigió cumplir al gobierno de Moreno Valle es el sexto requerimiento en donde se enfrenta la mayor dificultad, pues en ese rubro se solicitó que el Poder Ejecutivo ofreciera una disculpa pública e institucional a los agraviados por la represión y a sus familiares, y se les expusieran medidas para que no se repitan actos de violencia como los ocurridos en torno al conflicto de Chalchihuapan.
Se sabe que el gobierno del estado, por medio de varios de los falsos defensores y gestores que aparecieron en torno a Chalchihuapan, buscó ofrecer dinero y prebendas a varios de los afectados, sobre todo los que quedaron lisiados. Algunos han aceptado los ofrecimientos y los intermediarios han hecho negocio con ese asunto.
Sin embargo, no es suficiente. El principal actor de esta tragedia es Elia Tamayo, la madre del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, quien fue asesinado por la Policía Estatal, y hasta ahora a la señora no se le ha ofrecido ninguna disculpa pública ni se ha podido establecer diálogo con algún representante del Poder Ejecutivo para ese propósito.
Y la parte más importante es que Elia Tamayo no está dispuesta a concederle el perdón a Rafael Moreno Valle Rosas.
En una actitud de entereza, la señora Tamayo ha definido que, por el contrario, quiere que al gobernador se le enjuicie por el asesinato de su hijo.
El segundo escollo para la administración morenovallista es que en un principio la CNDH había visto con buenos ojos que se hubiera procesado a un grupo de agentes de la Policía Estatal, luego de que el resultado de la investigación arrojó que el niño Tehuatlie y otros lesionados sufrieron el impacto de artefactos metálicos lanzados presuntamente por los uniformados.
Lo que parecía ser una respuesta positiva del gobierno del estado se convirtió en un asunto oscuro, ya que fueron liberados los policías involucrados y nunca se le informó a la CNDH de ese hecho, ni tampoco se le ha sustentado por qué en tan poco tiempo a los uniformados los investigaron, los detuvieron, los consignaron y posteriormente los pusieron en libertad.
Al final, para los ojos de la CNDH simplemente no hay ningún esfuerzo para hacer cumplir la segunda recomendación, en la cual se pidió que se garantizara de manera transparente, objetiva e imparcial el acceso a la justicia a los agraviados por la violencia, tanto a los pobladores del municipio de Santa Clara Ocoyucan como a los policías que resultaron lesionados.
Hasta ahora solamente se ha buscado hacer justicia a los policías, ya que varios pobladores de junta auxiliar de Chalchihuapan han pasado meses en la cárcel y en cambio no hay nadie en prisión por el homicidio del niño Tehuatlie, quien a sus 13 años fue una víctima inocente del conflicto en cuestión.