Puebla habría violado la ley al contratar servicios de espionaje
Por La Jornada de Oriente | Martes, Julio 7, 2015
El gobierno de Puebla habría contratado los servicios de la empresa italiana Hacking Team, especializada en espionaje cibernético, que utiliza malware y otro tipo de programas para vulnerar los sistemas de cómputo y de telefonía móvil a fin de robar la información privada de sus usuarios y conversaciones.
La noticia fue dada a conocer el domingo por varios medios europeos y después repercutida por sus pares mexicanos ayer, que ubicaron a la administración morenovallista junto a los gobiernos del estado de México, Distrito Federal, Durango, Querétaro, Tamaulipas, Yucatán, Campeche y Baja California, amén de la Marina, el Ejército, la Policía Federal, la Procuraduría del estado de México y el Cisen como clientes de la compañía a la que le habrían sido extraídos más de 400 GB de emails, códigos fuentes y otros datos confidenciales, incluyendo las facturas que muestran los negocios acordados con gobiernos y agencias de seguridad e información de varios países.
Según los reportes que algunos usuarios de redes sociales y medios especializados en cibertecnología ofrecieron a lo largo del día de ayer, las autoridades mexicanas habrían adquirido el programa Da Vinci, que es generado por Hacking Team, cuyos servicios están valuados entre 200 y 270 mil euros, es decir, entre 3 millones 475 mil 740 pesos y 4 millones 692 mil 249, al tipo de cambio de ayer que era de 17.37 pesos por euro.
En 2013, Reporteros Sin Fronteras catalogó en su listado “Enemigos de Internet” a Hacking Team, por la utilización de Sistemas de Control Remoto (RCS), que son troyanos vendidos a agencias de inteligencia y seguridad.
No obstante, es posible que la administración morenovallista haya transgredido la ley, ya que hasta donde se sabe no tiene autorización para adquirir equipos de espionaje.
Consultado por esta casa editorial, Federico Torreblanca Martínez, experto en sistemas de seguridad cibernética, comentó ayer por la noche: “Primero que nada hay que esperar a que se confirme el hackeo, porque el vocero de Hacking Team había confirmado el ataque pero iban a revisar qué es lo que se habían robado, pero en el supuesto de que efectivamente se confirmara que los gobiernos estatales de México, que son mencionados en los medios, contrataron los servicios de Hacking Team, pues sí deberá hacerse una investigación, porque la legislación solo autoriza las prácticas de vigilancia, vulgarmente conocidas como espionaje, a la PGR, el Ejército, la Marina, la Policía Federal y el Cisen, siempre y cuando haya de por medio una orden judicial, pero los gobiernos estatales, como tales, no están autorizados”.
En septiembre del año pasado el diputado federal priista Enrique Doger Guerrero denunció que el gobernador Rafael Moreno Valle tiene a su servicio un grupo de espionaje que ejecuta asaltos para obtener información e intimidar a personas que son críticas o resultan incómodas para su administración.
El ex alcalde poblano identificó a Jorge Carrillo Olea, ex gobernador de Morelos; Joaquín Arenal, ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en Puebla, y al diputado local Eukid Castañón, del PAN, como parte de este grupo al que llamó “la banda del guante blanco”, y que presuntamente espía a quienes son opositores del gobierno morenovallista.
En noviembre de 2014 el portal Status Puebla dio a conocer que el gobierno de Rafael Moreno Valle adquirió un mes antes “un nuevo equipo de espionaje de origen israelí. El costo neto de la compra ascendió a 14 millones 999 mil pesos. El sistema cuenta con funciones propias de un clonador a través del programa Hunter. La particularidad de este sistema no es solo de clonar el número telefónico con llamadas entrantes y salientes, sino de extraer la información tanto de la SIM como de la memoria interna del móvil (contactos, mensajes y archivos guardados)”, según la fuente.
El pasado mes de junio el periodista Fernando Maldonado dio a conocer la existencia de un expediente con “conversaciones telefónicas de casi toda la clase política poblana, pero particular atención está centrada en personajes con probabilidades de disputar la minigubernatura en 2016: la senadora Blanca Alcalá Ruiz, presidente de la Comisión de Cultura del Senado; el diputado federal Enrique Doger Guerrero, actual representante del PRI ante el Instituto Nacional Electoral, y Juan Carlos Lastiri, subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación de Sedesol”.
“(…) La cabeza del trabajo de espionaje está a cargo del diputado local Eukid Castañón Herrera, que pagaría a una veintena de personas ‘vía la Contraloría otorgando plazas de por lo menos 20 mil pesos al personal analista y operativo, triangulando su pago a través de terceras personas para evitar ser detectados’. El personal al servicio del aparato entero al servicio del panista fue capacitado por el Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales (MOSSAD) por sus siglas en hebreo, a través de Joaquín Arenal Romero, ex funcionario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), convaleciente de una intervención quirúrgica que lo tiene fuera de circulación”, consignó el columnista.